Diputados de Renovación Nacional (RN) exigen a Contraloría investigar pago de 350 UF realizado por Gabriel Boric para su defensa privada.
El pago realizado por el presidente Gabriel Boric
El presidente Gabriel Boric ha estado bajo escrutinio desde que se reveló que realizó un pago de 350 UF, equivalente a $13 millones 438 mil, mediante un trato directo para su defensa privada en relación a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Esta situación ha llevado a diputados de Renovación Nacional (RN) a exigir una investigación a Contraloría para analizar el correcto uso de los recursos fiscales en este caso.
La solicitud de los diputados de Renovación Nacional (RN) a Contraloría
Ante esta situación, los diputados Ximena Ossandón, Hugo Rey, Andrés Longton y José Miguel Castro enviaron un oficio a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, solicitando que se fiscalice el uso adecuado de los recursos fiscales y el mecanismo de adquisición de trato directo en la defensa judicial del presidente Boric. Los parlamentarios argumentan que, si bien todos los funcionarios públicos tienen derecho a solicitar servicios privados y pagarlos con recursos fiscales, en el caso del presidente Boric, quien ocupa el cargo más alto de la Administración, este procedimiento no es adecuado ni justificado.
El cuestionamiento sobre el trato directo y la especialización del abogado contratado
Los diputados también cuestionan el uso del trato directo para contratar un abogado privado, argumentando que el Consejo de Defensa del Estado ya cuenta con abogados altamente especializados y capacitados para llevar a cabo la defensa del presidente Boric en este caso. Por lo tanto, consideran que el trato directo no fue justificado y solicitan a la Contraloría que objete los 13 millones de pesos pagados y que sean devueltos al erario fiscal.
En conclusión, los diputados de RN exigen una investigación exhaustiva sobre el pago realizado por el presidente Gabriel Boric y el uso del trato directo en este caso. Consideran que es necesario garantizar el uso adecuado de los recursos fiscales y que el presidente debe entender que no puede tomar decisiones arbitrarias con el dinero de todos los chilenos.