Pago de fianza asegura requerimiento contra ministra de Defensa: consecuencias graves

Por Sergio Mendoza Léelo en 3 Minutos

El Tribunal Constitucional (TC) certificó el pago de la fianza de 500 mil pesos presentada por los abogados John Reed y Raimundo Palamara, quienes exigen la inhabilitación de la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Pago de la fianza: requisito para el requerimiento contra la ministra

El trámite de pago de la fianza es un requisito indispensable para que el Tribunal Constitucional admita el requerimiento presentado contra la ministra de Defensa, Maya Fernández. Según un oficio del tribunal, los abogados John Reed y Raimundo Palamara depositaron cada uno 250 mil pesos en la cuenta de la Secretaría del TC el día anterior. María Angélica Barriga Meza, secretaria abogada del tribunal, firmó un documento certificando el cumplimiento del pago.

El requerimiento presentado contra la ministra de Defensa se basa en su participación en la fallida compra de la casa de Salvador Allende, abuelo de la secretaria de Estado, ubicada en Providencia. Los abogados argumentan que Fernández firmó un contrato de compraventa por 933 millones de pesos con el Ministerio de Bienes Nacionales el pasado 30 de diciembre, lo cual consideran una causal de inhabilidad.

Los abogados actúan como ciudadanos y no en representación de instituciones

John Reed, exseremi durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano, presentaron el requerimiento contra la ministra de Defensa como ciudadanos y no en representación de instituciones. Palamara también es querellante en la causa penal que investiga la fallida transacción del inmueble.

El contrato de compraventa se firmó en la Quincuagésima Notaría de Santiago y comprometió fondos públicos para adquirir la propiedad ubicada en Guardia Vieja 392. Cabe destacar que los dueños del inmueble incluyen a la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario, quien también enfrenta dos requerimientos similares en el TC.

  • El libelo presentado argumenta la causal de inhabilidad por parte de las autoridades.
  • El texto señala que los funcionarios públicos no pueden suscribir acuerdos superiores a 200 UTM con el Estado.
  • Para los ministros de Estado, existe una prohibición aún más estricta de suscribir cualquier contrato con el Estado durante el ejercicio de sus funciones.

Revisión del caso y consecuencias

El Tribunal Constitucional ha programado la revisión del caso para el 10 de febrero en su Primera Sala. En caso de que el requerimiento prospere, la ministra Maya Fernández resultará destituida de su cargo, según afirmó Raimundo Palamara, uno de los abogados demandantes.

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