El subsecretario del Interior, Luis Cordero, habló sobre la nueva Ley Antiterrorista en una entrevista radial. Destacó que esta ley actualiza la legislación chilena sobre antiterrorismo y elimina la necesidad de demostrar el ánimo para constituir un acto terrorista. Además, mencionó que la ley contempla dos casos en los que un acto se considera terrorista: la generación de bombas o explosivos, y los atentados contra la vida de autoridades. Cordero también señaló que la Ley Antiterrorista puede ser aplicada en casos de lucha contra el crimen organizado, si una organización criminal decide tener un enfrentamiento permanente con el Estado con el propósito de afectar la sociedad civil o desmoralizarla.
El impacto de la nueva Ley Antiterrorista en Chile
La promulgación de la nueva Ley Antiterrorista ha generado un intenso debate en el sistema político chileno. Esta legislación busca actualizar y adecuar las normas chilenas a estándares internacionales en materia de lucha contra el terrorismo. Uno de los principales avances de esta ley es la eliminación del requisito de demostrar el ánimo para constituir un acto terrorista, lo que facilita la persecución de este tipo de delitos y evita el uso de mecanismos sucedáneos para lograr condenas.
Definiciones más objetivas para casos de terrorismo
La nueva ley establece dos casos específicos en los que un acto se considera terrorista. El primero se refiere a la generación de bombas o explosivos, lo cual representa un peligro grave para la seguridad pública. El segundo caso son los atentados contra la vida de autoridades, que socavan el orden democrático y la estabilidad del país. Estas definiciones más objetivas facilitan la labor de los fiscales y del Ministerio del Interior en la persecución y sanción de actos terroristas.
Ley Antiterrorista y crimen organizado
El subsecretario del Interior también mencionó que la Ley Antiterrorista puede ser aplicada en casos de lucha contra el crimen organizado. Si una organización criminal decide tener un enfrentamiento permanente con el Estado y busca afectar la sociedad civil o desmoralizarla, su accionar puede ser calificado como terrorismo. Aunque Chile actualmente no enfrenta amenazas de organizaciones criminales de esa naturaleza, la legislación proporciona herramientas adicionales para combatir este tipo de delincuencia.