En medio de polémicas, una cláusula de la ley de Reajuste del Sector Público ha generado controversia al obligar a personas mayores de 75 años a jubilarse forzosamente. La medida excluye a funcionarios como notarios, parlamentarios y ministros, lo que ha dividido las opiniones.
Esta imposición ha sido criticada como una política «anti vejez» que se enfoca únicamente en la edad y no en las capacidades de las personas afectadas. Según cifras del último Censo, cerca del 20% de la población chilena son personas mayores, y se estima que al menos tres mil funcionarios públicos superan los 75 años. Expertos señalan que el Estado debería dar el ejemplo en este sentido.
«Esto envía el mensaje de que no es necesario contratar a personas mayores en otros ámbitos. Es crucial cambiar la mentalidad y erradicar estereotipos obsoletos. Las personas mayores no están esperando a morir, sino que están plenamente activas y tienen mucho por aportar», explica Eduardo Toro, Director de la Fundación Conecta.
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Desde La Moneda, se reconoce el malestar en ciertos sectores y se destaca que la implementación de esta legislación no será inmediata. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó que la norma entrará en vigencia en 2027, lo que brinda tiempo suficiente para analizar y contemplar las particularidades de instituciones como las universidades.
