El costoso informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento ha generado controversia entre los senadores Fidel Espinoza (PS) e Iván Moreira (UDI).
El senador Fidel Espinoza (PS) expresó su preocupación por los altos costos que implicaría aplicar las recomendaciones de la Comisión, especialmente en la adquisición de tierras. En su opinión, existe el riesgo de que este proceso se convierta en un nuevo «Caso Convenios» debido a la especulación en torno al valor de las propiedades.
Durante dos años, la Comisión para la Paz y el Entendimiento trabajó en la elaboración de un informe con 21 recomendaciones dirigidas al Presidente Gabriel Boric, con el propósito de abordar el conflicto territorial en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
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Al conocer los lineamientos del informe, el senador Espinoza criticó duramente la propuesta, argumentando que destinar millones de dólares a la solución del conflicto mapuche tendría un impacto negativo en la construcción de infraestructura social y servicios básicos para la población.
El senador Espinoza advirtió sobre la posibilidad de que algunos actores se aprovechen del proceso, especulando con el precio de las tierras o actuando como intermediarios para obtener beneficios económicos.
Por otro lado, el senador Iván Moreira (UDI) también cuestionó el elevado costo que acarrearía la entrega de tierras, señalando que el gobierno futuro deberá asumir una carga financiera significativa. Según Moreira, en Chile existen prioridades más urgentes que deben ser consideradas antes de destinar recursos a este tipo de iniciativas.
Dentro de las recomendaciones del informe se destaca la propuesta de establecer un nuevo sistema de tierras que busque armonizar la Ley Indígena, incluyendo la creación de una agencia de reparación. Asimismo, se plantea la implementación de un Sistema de Financiamiento que cuente con un fondo financiero de alrededor de 4 mil millones de dólares para respaldar el nuevo sistema de reparación.
La discusión en torno a los costos y beneficios de la aplicación de estas recomendaciones seguirá siendo tema de debate en el ámbito político y social, mientras se evalúa el impacto y la viabilidad de las propuestas planteadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
