Ante la polémica generada por las propuestas de la Comisión por La Paz y Entendimiento en relación con la demanda territorial de los mapuche, diferentes actores han expresado sus opiniones de manera contrastante.
El representante del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, ha calificado las propuestas de la Comisión como una política pública que busca reemplazar la legítima demanda territorial de los mapuche. En su opinión, estas propuestas no representan una verdadera reparación para las comunidades despojadas de sus territorios, alejándose de un enfoque que responda a las necesidades históricas del pueblo mapuche.
Por otro lado, el director nacional de Conadi, Álvaro Morales, ha manifestado una visión opuesta. Según Morales, las comunidades mantienen la demanda territorial porque es la única opción que ofrece la ley en la actualidad. Además, ha señalado que el presupuesto anual destinado a la compra de tierras por parte de Conadi supera los 63 millones de dólares, mientras que la estimación de la Comisión por La Paz y Entendimiento asciende a 4 mil millones de dólares, evidenciando una discrepancia significativa en los enfoques y recursos destinados a esta problemática.
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La complejidad de la situación se refleja en la tardanza prevista para resolver la demanda de tierras de las más de 740 comunidades mapuches que están bajo la jurisdicción de Conadi. Se estima que este proceso podría extenderse por casi un siglo. Para contrarrestar este escenario, se han sugerido mecanismos de reparación como la mejora de infraestructura habitacional y productiva, el apoyo en el pago de créditos hipotecarios y el financiamiento de estudios superiores, opciones que podrían combinarse para acelerar la solución de este conflicto ancestral.
En medio de estas posturas divergentes, queda claro que la disputa en torno a la demanda territorial mapuche es un tema central que requiere un cuidadoso análisis y un enfoque integral que responda a la historia y los derechos de estas comunidades indígenas. La búsqueda de una solución justa y equitativa para todas las partes involucradas sigue siendo un desafío pendiente en la construcción de una convivencia armoniosa y respetuosa en Chile.
