Luego de cinco años de que quedase al descubierto, este lunes se desarrolló la primera jornada de formalización del caso denominado “Papaya Gate” en el Juzgado de Garantía de La Serena, que tiene en el centro de la atención a la exintendenta de la UDI, Lucía Pinto.
Fraude en compra de terrenos
La exintendenta Lucía Pinto, su exadministrador regional José Cáceres y el gerente de la Inmobiliaria Guayacán, Pablo Bracchitta, fueron imputados por fraude en la compra de terrenos para un centro deportivo.
El caso revela una transacción por más de 9.800 millones de pesos para adquirir terrenos que valían solo 4 mil millones, generando un perjuicio patrimonial significativo al Estado.
La exintendenta, a pesar de rechazos previos, ingresó un contrato por un alto monto sin pasar por Contraloría, desencadenando la investigación del Ministerio Público.
La fiscalía argumenta que se trató de una decisión «irracional» dada la diferencia de precios y el alto costo del proyecto.
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Vínculos comerciales y conflictos de interés
El exadministrador José Cáceres mantenía relaciones comerciales con empresarios arraigados en el negocio, ocultando la información durante la operación de compra de terrenos, perjudicando al Estado.
La exintendenta estaba al tanto de los vínculos de Cáceres pero igualmente permitió la operación desfavorable, generando un daño patrimonial importante.
Desarrollo del proceso judicial
La fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los imputados, mientras que empresarios vinculados al delito tributario enfrentan firma mensual y arraigo.
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El tribunal autorizó la salida del país de un imputado con una caución, y deberá decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía en la próxima audiencia.
