En medio de la investigación por presuntas irregularidades en el uso de licencias médicas, recientemente se conoció la renuncia de Tania Barraza Álvarez, esposa del diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), quien -hasta ahora- se desempeñaba como funcionaria del Instituto Nacional de Deportes (IND) en la región de Coquimbo. Según consigna el medio El Serenense, todo comenzó tras una denuncia masiva enviada a los medios de comunicación de la zona, en la que se acusaba que la funcionaria habría utilizado licencia médica para salir del país en el plano recreacional junto al parlamentario de oposición. Posteriormente, fue a través de una declaración pública que Barraza se refirió a los cuestionamientos, asegurando que la decisión de dar un paso al costado responde a “razones estrictamente personales”. A la vez, descartó -hasta este momento- haber sido notificada respecto a sumarios.
Barraza descarta que renuncia sea por caso licencias médicas
“Como exfuncionaria pública y, al igual que todo trabajador del Estado, estuve y seguiré estando a disposición de cualquier obligación de la institución en la que me desempeñé, así como de Contraloría General de la República, si es que se estima pertinente”, comenzó declarando.
Agregando que presentó su renuncia de carácter indeclinable “debido a razones estrictamente personales, decisión que había tomado desde el mes de abril para dedicarme a mi familia y a apoyar sin restricciones la campaña a la reelección de mi esposo, situación que comenté en reiteradas oportunidades a mis jefaturas directas que ocurriría en el mes de junio”.
“Durante los 13 años de mi carrera en el Instituto Nacional de Deportes siempre estuve calificada en Lista 1, con máximas evaluaciones, por lo que no permitiré que publicaciones malintencionadas y filtraciones tergiversadas desde la propia dirección regional en la que me desempeñé hasta el lunes 2 de junio, ensucien mi honra y reputación”, declaró.
Concluyendo “por ello, me reservo las acciones administrativas y judiciales que pueda emprender en el futuro, tanto contra las personas que trabajan actualmente en la oficina regional del IND, como hacia los responsables de publicar información falsa, manipulada o engañosa”.
