El Segundo Tribunal Ambiental de Chile ha acogido parcialmente las reclamaciones interpuestas por la Municipalidad de Viña del Mar y un vecino en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) respecto al proyecto de saneamiento Las Salinas. Este proyecto, impulsado por la Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, tiene una proyección de inversión de US$ 1.300 millones hasta 2040.
Con esta resolución, la SMA está obligada a continuar el proceso administrativo relacionado con las denuncias presentadas por la municipalidad y ciudadanos, así como a llevar a cabo las acciones de fiscalización pertinentes. El Tribunal detalló que la SMA no justificó adecuadamente su decisión de archivar estas denuncias, las cuales abarcan desde marzo de 2022 hasta octubre de 2023.
El fallo establece que la falta de una evaluación adecuada de los incumplimientos en el Plan de Monitoreo Participativo fue una deficiencia en la actuación de la SMA. En este sentido, se considera que la autoridad no ha ejercido sus facultades de manera efectiva en relación con la participación de la Municipalidad en el establecimiento de los actores clave para dicho plan.
Responsabilidad de la SMA El Tribunal subrayó que debido a que el proyecto Las Salinas tiene como objetivo la remediación de un área catalogada como de riesgo por la presencia de contaminantes nocivos, es crucial que la SMA tome decisiones informadas en cuanto a la implementación de medidas de control. La situación está especialmente relacionada con los efectos potenciales sobre la salud pública y el medio ambiente, lo que aumenta la necesidad de una fiscalización efectiva.
En el mismo fallo, el Tribunal desestimó ciertos reclamos, como la suspensión de faenas o la solicitud de una auditoría ambiental independiente. Sin embargo, la decisión de la SMA de archivar antecedentes fue considerada inconsistente con las características del proyecto, lo que pone de relieve la necesidad de una revisión más exhaustiva de las actividades propuestas por la Inmobiliaria Las Salinas.
Este caso pone de manifiesto la tensión existente entre el desarrollo de proyectos de gran envergadura y la protección del medio ambiente. La comunidad ha expresado preocupaciones sobre los posibles impactos negativos del proyecto, y la resolución del Tribunal implica un paso hacia la rectificación de las omisiones que han ocurrido en el proceso anterior.
La próxima fase para la SMA incluye la rectificación de sus procedimientos y la evaluación continua de las denuncias activas, lo que es esencial para restaurar la confianza de la comunidad y asegurar que se cumplan adecuadamente las normativas ambientales. El balance entre desarrollo económico y protección ambiental se convierte así en un tema prioritario a considerar.
La SMA deberá, por tanto, actuar con mayor diligencia y transparencia en este caso y en futuros proyectos similares, asegurando una adecuada asesoría y participación de las comunidades afectadas.
