Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República ha revelado serias irregularidades en la entrega de subsidios de arriendo del Programa de Integración Urbana de Campamentos, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El informe, que abarca el período entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026, documenta un perjuicio fiscal total de $238.315.668.
Hallazgos de la auditoría
Entre los hallazgos más alarmantes se encuentra el caso de 168 beneficiarios que continuaron recibiendo subsidios a pesar de haber fallecido. La Subsecretaría de Vivienda tardó hasta 1.133 días en regularizar estos contratos, generando un perjuicio fiscal de $110.884.553.
Además, se detectaron 172 casos en los que beneficiarios arrendaban inmuebles a familiares cercanos, lo que infringe las restricciones de consanguinidad y afinidad del programa. Los pagos asociados a estos contratos sumaron $110.487.033.
También se identificaron 19 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo con sus cónyuges, lo que contraviene las condiciones del subsidio, generando desembolsos de $14.405.016. Por último, dos personas continuaron recibiendo subsidios a pesar de haber obtenido una vivienda en 2024, lo que implicó un gasto de $3.539.119.
Acciones recomendadas por la Contraloría
En respuesta a estas irregularidades, la Contraloría ha instruido a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo a regularizar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) todos los gastos relacionados con beneficiarios que no cumplían las condiciones para acceder al subsidio. Además, se debe concluir un procedimiento disciplinario en curso para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
El Programa de Integración Urbana de Campamentos cuenta con un financiamiento parcial de US$120 millones a través de un préstamo del BID, destinado a su ejecución durante cuatro años.