La ministra de la Suprema, María Cristina Gajardo, se encuentra bajo la lupa tras la revelación de que participó en la adjudicación de un contrato por $470 millones a la empresa Replai SpA, constituida hace menos de un año y sin experiencia previa. Esta situación se agrava debido a un conflicto de interés evidente, ya que Gajardo había representado a una de las partes en un fallo judicial en 2021, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad como jueza.
La denuncia, presentada por la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ), sostiene que la ministra, junto a su colega Adelita Ravanales, impulsó la adjudicación del contrato de manera irregular, al aprobar pagos y firmar documentos que exceden sus atribuciones. Este hecho ha llevado a un clima de desconfianza en el Palacio de Tribunales, donde muchos cuestionan la legitimidad del proceso.
Conflicto de interés y irregularidades en la adjudicación
La controversia comenzó cuando chats filtrados entre los abogados Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, actual embajador en Israel, revelaron la influencia que ambos tuvieron en el nombramiento de Gajardo como ministra. Esto coincide con el hecho de que, en 2021, Gajardo fue parte de un fallo en una causa donde representaba a la empresa minera FLSmidth, cuestión que ya había suscitado críticas previas sobre su idoneidad para el cargo, siendo la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile una de las entidades que se opuso a su nombramiento.
La adjudicación del contrato con Replai SpA fue aprobada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) mediante trato directo, a pesar de que la empresa, al momento de firmar, carecía de un historial significativo. Los primeros servicios facturados por Replai comenzaron a llegar al Poder Judicial, lo que ha llevado a cuestionar su experiencia y capacidad para ejecutar el contrato. A pesar de estas irregularidades, la contraloría interna del Poder Judicial no formuló objeciones significativas al proceso de adjudicación.
Gajardo, además, ha sido mencionada como “coordinadora” del proyecto, lo cual es visto como una violación del artículo 222 del Código Penal, que prohíbe a los empleados judiciales arrogarse atribuciones administrativas. Esta situación ha llevado a la Corte Suprema a revisar la denuncia y determinar los pasos a seguir para esclarecer lo ocurrido, mientras tanto, el clima en el Poder Judicial sigue tenso ante las implicaciones de estos hechos.
Dicho contexto inquieta a muchos, considerando que el ceder a una empresa sin experiencia un contrato tan significativo puede tener repercusiones no solo en la administración de justicia en Chile, sino también en la confianza pública hacia la Corte Suprema misma. A medida que se presentan más detalles sobre el caso, la percepción del Poder Judicial continúa en el centro del debate público.
