Un fenómeno preocupante se ha evidenciado en el sistema penal chileno: la transición de exfiscales, tras dejar el Ministerio Público, a defensores privados de imputados por narcotráfico. Aunque esta práctica no es ilegal, plantea dilemas éticos y riesgos significativos para la seguridad institucional.
Motivos detrás de la demanda
El Reportaje de Teletrece expone que dos factores principales convierten a los exfiscales en activos valiosos para las bandas delictivas: su información privilegiada y su experiencia en el manejo de investigaciones. El diputado Jaime Araya, autor del proyecto de ley de «narcoabogados», destacó que los exfiscales poseen un conocimiento profundo de las investigaciones, incluyendo detalles sobre las diligencias, testigos y personas involucradas. Esto les otorga una ventaja estratégica que puede ser aprovechada por organizaciones criminales.
Preocupaciones éticas y legales
Araya advirtió sobre la gravedad de la situación, señalando que la existencia de una «puerta giratoria» entre la fiscalía y la defensa de narcotraficantes es un tema delicado. Propuso la necesidad de establecer límites legales que regulen esta transición, sugiriendo que debería existir un periodo de vacancia antes de que un exfiscal pueda asumir la defensa de imputados por narcotráfico.
El exfiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, también abordó las implicancias legales de este cambio de rol. Afirmó que sería éticamente cuestionable, e incluso ilegal, que un exfiscal defendiera a narcotraficantes que había investigado previamente, ya que esto podría constituir una violación de secretos de las investigaciones.
Propuestas para regular la situación
El análisis del fenómeno sugiere la necesidad de incorporar mecanismos regulatorios que disminuyan los incentivos para que los exfiscales se conviertan en defensores de narcotraficantes. Entre las propuestas se encuentran:
- Establecer periodos de enfriamiento, donde un exfiscal no pueda asumir defensas penales privadas.
- Implementar medidas para transparentar el origen de los recursos utilizados para financiar estas representaciones.
Arias también advirtió sobre el riesgo del uso de «dinero negro» en estas transacciones, sugiriendo que las organizaciones criminales podrían lavar dinero a través de abogados. Propuso la necesidad de bancarizar estos pagos para asegurar una trazabilidad adecuada.