La construcción de un nuevo enlace vial entre la Ruta 78 (Autopista del Sol) y la calle San Antonio en la comuna de El Monte ha desatado una ola de protestas entre los vecinos, quienes denuncian que las expropiaciones están siendo llevadas a cabo de manera injusta. Las familias afectadas, que han vivido en sus propiedades durante generaciones, se enfrentan a la pérdida de sus hogares y a pagos que consideran insuficientes.
Los residentes han señalado que las tasaciones realizadas por el Estado están muy por debajo del valor comercial de sus propiedades. Además, critican el diseño del proyecto, que no contempla salidas vehiculares ni peatonales para los terrenos que no serán expropiados, dejándolos completamente aislados. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los afectados.
Impacto en la comunidad
Gustavo Mejías, un vecino del sector, expresó su frustración al afirmar que el Estado no está brindando el apoyo necesario a las familias afectadas. “Nos están dejando botados y ¿quién nos va a recoger? El Estado tiene que hacerse cargo de nosotros”, señaló.
La historia de la familia de Víctor Aranda es un claro ejemplo del impacto emocional que esta situación ha generado. Su familia ha vivido en la zona durante más de 150 años, y la inminente demolición de su hogar representa la pérdida de un legado familiar. “No hay dinero que lo pueda cubrir ni suplir”, afirmó Aranda, lamentando la pérdida de su patrimonio.
Problemas en las negociaciones
Los vecinos también han denunciado que las negociaciones y mesas de trabajo con la concesionaria han sido infructuosas. Gonzalo Leal Aranda, sobrino de Víctor, indicó que desde el 25 de septiembre, cuando recibieron el informe de tasación, la concesionaria ha dejado de comunicarse con ellos. “La última respuesta se me dio la semana pasada y en un correo dijeron que iba a pasar el tema al área de ingenieros porque no podían darme una respuesta concreta todavía”, comentó.
El presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), Teodosio Cayo, analizó el caso y advirtió sobre serias deficiencias en el informe estatal, señalando que no se consideraron adecuadamente las salidas para los lotes remanentes. Además, criticó que los montos fijados no reflejan la realidad del mercado, ya que la metodología utilizada no toma en cuenta las características específicas de los terrenos.
Consecuencias económicas para las familias
La situación económica es crítica para muchas familias, como la de Patricia Turrieta, quien vive en una propiedad adquirida por su abuela hace cerca de un siglo. El Estado ofreció 182 millones de pesos por el terreno y las tres casas que albergan a cuatro familias. Sin embargo, al dividir esta cifra entre los herederos, Patricia se queda con solo 53 millones de pesos, una cantidad insuficiente para adquirir una nueva vivienda en la zona.
Patricia también criticó las alternativas ofrecidas por el Estado, que no garantizan una solución habitacional adecuada. “En alguna instancia nos dijeron que nos iban a reubicar, pero después nos explicaron que la ‘reubicación’ consistía en prestarnos un camión para llevarnos los muebles”, relató, cuestionando adónde iría con sus pertenencias si no tiene un nuevo hogar donde vivir.
Ante estas denuncias, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas no ha respondido a las consultas sobre el aislamiento que sufrirán los residentes ni sobre las tasaciones realizadas.