Hernán Larraín, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera, ha expresado su desacuerdo con la interpretación que ha hecho la Corte Suprema respecto a la rebaja de penas para condenados por delitos sexuales contra menores. Esta controversia surge tras la aplicación del beneficio por parte de Fernando Rabat, actual titular de la cartera.
En una declaración pública, Larraín recordó que, tras asumir su cargo en 2018, se encontró con una solicitud de rebaja de condena de un individuo condenado por violación a un menor de 14 años, la cual decidió rechazar. Posteriormente, el condenado recurrió a tribunales, que ordenaron la entrega del beneficio, lo que llevó al gobierno de Piñera a presentar un proyecto de ley que excluía a los condenados por crímenes sexuales contra niños de este tipo de rebajas. Esta ley fue promulgada como Ley N° 21.421 el 28 de enero de 2022.
Contexto de la Ley N° 21.421
El ex ministro destacó que durante la discusión parlamentaria se dejó claro que la rebaja de condena no era aplicable a quienes hubieran sido condenados por violación o abuso sexual a menores. Además, se debatió si esta exclusión aplicaba solo a condenas futuras o también a las ya dictadas. Larraín aclaró que, al tratarse de un beneficio carcelario y no de una norma penal, no se podía aplicar el principio de irretroactividad.
Postura de la Corte Suprema
Larraín contradijo la postura de Rabat, quien justificó la entrega administrativa de rebajas de pena basándose en una “doctrina de la Corte Suprema”. Según Larraín, la jurisprudencia de la Corte ha tenido criterios distintos en la aplicación de esta norma. Inicialmente, la Corte consideró que los condenados antes de la vigencia de la ley tenían derecho a la rebaja, pero en fallos recientes ha cambiado su posición, rechazando este beneficio y reconociendo que no se encuentra bajo el principio de irretroactividad penal.
Esta situación ha generado un debate significativo sobre la protección de la niñez y la aplicación de las leyes en casos de delitos sexuales, y pone de relieve las diferencias en la interpretación legal entre los ex ministros y el actual liderazgo del Ministerio de Justicia.
Para más contexto sobre esta controversia, puedes leer nuestra nota anterior.