Un oficio enviado por la entonces diputada y actual senadora Camila Flores (RN) a la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos está siendo analizado por el Ministerio Público en el marco de la investigación conocida como el caso “Cuota Flores”. Este documento, enviado en agosto de 2025, tenía como objetivo obtener información sobre la demora en la inscripción de un terreno que pertenece a su madre, Verónica Oporto González.

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Detalles del oficio y su contenido

En el oficio, Flores solicitó aclaraciones sobre los impedimentos que estaban retrasando el procedimiento de inscripción de la propiedad. En el texto se mencionaba que la situación había generado incertidumbre en su madre, quien no podía usar ni disponer del terreno como lo deseaba. Flores argumentó que esta demora estaba causando problemas personales para Oporto.

El documento fue redactado por Benjamín Rodríguez, exasesor legislativo de la bancada de diputados de RN, quien posteriormente declaró ante la Fiscalía. Rodríguez expresó su preocupación ética sobre la solicitud, afirmando: “Si yo fuera parlamentario yo no hubiera hecho la consulta porque me parece reprochable éticamente”.

Reacciones y declaraciones

La Fiscalía ha citado a declarar a varios funcionarios y exasesores del Congreso para esclarecer cómo se originó esta solicitud. Entre ellos, el prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Luis Rojas, quien admitió no haber sabido que la beneficiaria del trámite era la madre de Flores. Rojas indicó que, de haber tenido conocimiento de esto, habría planteado la inquietud sobre las implicaciones que podría tener ante la opinión pública.

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Rodríguez también explicó que la solicitud de Flores fue inusual, ya que las consultas que recibían de la Cámara generalmente eran sobre asuntos generales, no sobre trámites específicos. Esto generó curiosidad entre los funcionarios de la Seremi, quienes estaban acostumbrados a recibir preguntas sobre temas como salidas a terreno o sistemas de Agua Potable Rural (APR).

La indagación por el caso “Cuota Flores” continúa, y se espera que la Fiscalía reúna más antecedentes sobre la gestión de la senadora y el uso de sus facultades como parlamentaria en este contexto.