La tarde del pasado jueves 5 de diciembre llegó al despacho del fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, un informe clave elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI).
Investigación revela uso indebido de maquinaria municipal por alcalde de La Calera
El informe presentado a la Fiscalía de Valparaíso proporciona pruebas del uso personal de un camión y una retroexcavadora propiedad de la municipalidad por parte del alcalde Johnny Piraíno.
“Es evidente el uso indebido de los vehículos municipales en la propiedad del alcalde”, afirma el informe de la PDI.
Informe de la Brigada de Delitos Económicos de Valparaíso
Además de la malversación de fondos fiscales, también se investiga la manipulación de la bitácora del camión aljibe y la desaparición de la bitácora de la retroexcavadora.
Inicio de la investigación
La investigación se inició gracias a un video capturado por un vecino el 1 de abril de 2023, que mostraba las maquinarias municipales en la parcela del alcalde.
La Contraloría General de la República realizó una investigación preliminar y determinó que las máquinas municipales estuvieron en la propiedad del alcalde sin un fin institucional claro.
Perjuicio patrimonial y otros implicados
El informe de la PDI también determina que el uso de la maquinaria por parte del alcalde ocasionó un perjuicio patrimonial de $500,000 para la municipalidad.
- Jefe de gestión de control y encargado de pañol de la Municipalidad de La Calera, Marco Araos Aravena.
- Chofer personal del alcalde, Patrick Cortés.
- Directora de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, Susan González.
Estas tres personas también están siendo investigadas en relación con el caso.
Desenlace de la investigación
Los hallazgos del informe de la PDI han cerrado el cerco sobre el alcalde Piraíno y los otros dos implicados, dejando en manos de la Fiscalía la decisión de proceder con una eventual formalización.
Los antecedentes de la investigación también han sido enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para su evaluación y posible participación como querellantes en el caso.