El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó su vínculo con el caso de Margarita Villegas Lagos, condenada por violación y abuso sexual a estudiantes del Colegio Apoquindo, quien recibió una rebaja de pena de 16 meses el pasado 17 de abril. Esta decisión fue parte de un grupo de 56 personas que obtuvieron este beneficio durante el tiempo que Rabat ha estado en el cargo.
Sin embargo, la rebaja de pena fue ordenada por la Corte Suprema, y no por el ministerio. En febrero de 2026, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, había rechazado la solicitud de rebaja de condena, según reveló un informe especial. La Corte, en abril, ordenó que se firmara el decreto que autorizaba el beneficio, cuando Rabat ya llevaba cerca de un mes en el cargo.
Defensa civil y participación en el caso
Rabat aclaró que su labor profesional se limitó a defender civilmente a una persona que era dueña del establecimiento educacional, y que no tuvo ninguna participación en el proceso penal. “No he representado a esas personas condenadas penalmente”, afirmó el ministro. Además, destacó que su defensa fue en el contexto de una demanda civil presentada por las familias de las víctimas.
Entre 2014 y 2023, Rabat fue abogado de Sebastián Navarrete, uno de los propietarios del colegio, quien enfrentó una demanda civil junto a los directivos y los condenados, Villegas y su esposo Esteban Moya Godoy. La demanda buscaba una indemnización de $6.400 millones, que fue reducida a $1.600 millones en primera instancia y a $570 millones en la Corte de Apelaciones, monto que fue confirmado por la Suprema en 2023.
Cuestionamientos sobre probidad
Al ser consultado sobre si su firma en el decreto podría interpretarse como una falta de probidad, Rabat reiteró que “no hay ninguna defensa mía a las personas condenadas penalmente”. Su postura busca despejar cualquier duda sobre su involucramiento en el caso y su papel en el proceso judicial.