El miércoles pasado, 16 exfuncionarios a honorarios se unieron a los 19 extrabajadores a contrata en la presentación de una nueva demanda contra el municipio de Santiago. Al igual que en la primera acción, acusan despidos políticos por parte del alcalde Mario Desbordes (RN). Sin embargo, en esta ocasión también alegan despidos injustificados. La demanda fue ingresada ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El petitorio de los demandantes
La demanda tiene dos peticiones principales. En el primer escenario, los demandantes buscan que el tribunal reconozca la discriminación política y la existencia de una relación laboral, ya que trabajaron bajo la modalidad de honorarios. Solicitan el pago de $507.416.329, que corresponde al monto solicitado por los 16 extrabajadores. Si el tribunal no reconoce la discriminación política, pero sí la relación laboral, los demandantes argumentan que hubo despido injustificado y solicitan el pago de $166.177.420.
Argumentos de la nueva demanda
La nueva demanda presentada por los exfuncionarios también señala la discriminación política que habrían sufrido por parte del municipio de Santiago. Uno de los argumentos presentados es un video publicado por Mario Desbordes en su cuenta de Instagram en septiembre pasado, donde afirmó que «ordenaría las finanzas» despidiendo a todos los funcionarios que no fueran «necesarios». Los demandantes sostienen que, contrariamente a lo manifestado por Desbordes, la dotación de personal aumentó durante la gestión anterior. Además, afirman que los ingresos y gastos del municipio también aumentaron proporcionalmente entre 2020 y 2023, alcanzando ambos los $211 millones en el último año.
- Varios de los exfuncionarios demandantes militan en partidos de izquierda.
- Algunos participaron en la campaña de reelección de la exalcaldesa, presuntamente fuera de su horario laboral.
- Según la demanda, este habría sido el motivo del cese de sus funciones.
- Acusan que Desbordes reemplazó a todos los exfuncionarios contratados durante la gestión anterior.
La demanda también alega que los exfuncionarios nunca fueron contratados como funcionarios públicos y firmaron múltiples contratos de prestación de servicios a honorarios. Algunos trabajaron hasta tres años en la administración sin realizar labores habituales, específicas ni accidentales. Por otro lado, se menciona que el despido se produjo el 31 de diciembre de 2024 y que la carta de despido tenía la misma fecha, sin mencionar hechos que justifiquen la decisión. Considerando ambas demandas, el municipio de Santiago podría enfrentar un riesgo económico de más de $1.400 millones.
