La reciente decisión del Gobierno de cerrar el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Chanco ha generado una ola de críticas entre los parlamentarios del Maule. La medida, que fue notificada administrativamente, implica el traslado de toda la población penal del recinto, lo que suscitó preocupaciones sobre la capacidad penitenciaria en la región y la seguridad de la comuna.
La incertidumbre sobre el futuro del CDP de Chanco fue expresada por varios parlamentarios, quienes afirman que el cierre "eliminará capacidad penitenciaria" en un momento en que la región enfrenta desafíos adicionales en términos de seguridad. El diputado Juan Carlos Latorre manifestó su rechazo a la decisión, subrayando que se están tomando resoluciones desde Santiago sobre un asunto que impacta directamente a la comunidad local.
Consecuencias y reactores locales
Otro de los puntos críticos planteados por los parlamentarios del Maule es el impacto que tendrá este cierre en la política de seguridad en la región. Actualmente, la cárcel de Chanco ofrece un espacio para albergar a reclusos en un contexto donde las comunidades enfrentan un aumento en delitos locales. Por esta razón, la diputada Carolina Goic ha hecho un llamado al Ministerio de Justicia, enfatizando la importancia de mantener diálogos abiertos para evaluar las verdaderas implicancias de esta medida.
Los parlamentarios también recalcaron que la decisión de cerrar este establecimiento no solo afecta el área administrativa, sino que también tiene repercusiones en la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Al respecto, se dieron cuenta que esta acción podría considerarse como una falta de respuesta adecuada a las necesidades de seguridad de la comunidad.
La situación en Chanco coincide con un clima de inquietud mayor en el país acerca del manejo de las políticas penitenciarias y la falta de capacidad en los centros de detención. En varias oportunidades anteriores, se ha puesto en cuestión la manera en que las decisiones son comunicadas y ejecutadas, lo que ha llevado a llamados constantes por parte de autoridades locales para que el Gobierno escuche a quienes se ven afectados directamente por estas resoluciones.
