Un nuevo proyecto de ley, presentado por la diputada Irací Hassler y respaldado por otros parlamentarios y organizaciones sociales, busca restringir el acceso a casinos, estadios y eventos masivos para las personas que figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La iniciativa se enmarca bajo la consigna “Sin pensión no hay diversión”.
Detalles de la iniciativa
La propuesta establece que los organizadores de espectáculos, los vendedores de entradas, las sociedades operadoras de casinos y las plataformas de juego online deberán consultar el Registro antes de realizar cualquier operación. Si una persona tiene una inscripción vigente, se les deberá:
- Rechazar la venta o emisión de entradas.
- Impedir su ingreso a los recintos.
- Suspender sus cuentas y operaciones de apuestas.
Estas restricciones se mantendrán mientras la persona continúe inscrita en el Registro, finalizando únicamente cuando se cancele la inscripción, lo cual puede ocurrir mediante el pago total de la deuda o la aprobación judicial de un acuerdo de pago que cumpla con los requisitos legales.
Justificación de la propuesta
Durante la presentación del proyecto, la diputada Hassler destacó la situación de las 270.000 personas que mantienen deudas por pensiones de alimentos, afirmando que “la pensión de alimentos no es una opción, es una obligación”. Criticó que quienes no cumplen con estas responsabilidades puedan destinar dinero a actividades recreativas, subrayando que “si hay plata para hacer apuestas, debe haber plata para las necesidades de los hijos e hijas”.
La parlamentaria también mencionó que un 96% de los deudores de pensión de alimentos son hombres, lo que refuerza la necesidad de esta iniciativa. Hassler enfatizó que el objetivo es erradicar la deuda de pensiones de alimentos en el país y que trabajarán para que este proyecto se convierta en ley.
Apoyo y reacciones
La propuesta ha recibido respaldo de otros miembros de la Cámara. La diputada Marisela Santibáñez mencionó que esta medida ya había sido planteada anteriormente, pero no prosperó. Hizo un llamado a la derecha para que apoye el proyecto, argumentando que garantizar el pago de pensiones alimenticias es una responsabilidad que debe ser transversal.
Constanza Schönhaut advirtió sobre el impacto económico que el incumplimiento tiene en las mujeres que sostienen sus hogares, mientras que Carolina Tello destacó que la iniciativa busca complementar mecanismos existentes, como la Ley Papito Corazón. Desde la sociedad civil, Carla González, fundadora de la ONG Acción Mujer y Madre, también respaldó la propuesta, afirmando que podría fortalecer las herramientas para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.
El diputado Marcos Barraza agregó que los cerca de 270.000 deudores representan a miles de niños y niñas cuyas necesidades básicas no están siendo cubiertas, lo que resalta la urgencia de esta iniciativa.