El Congreso chileno ha dado un paso significativo en la seguridad penitenciaria al aprobar una nueva ley que tipifica como delito los llamados "pelotazos", que son lanzamientos de objetos prohibidos hacia el interior de las cárceles. Esta iniciativa establece sanciones para quienes intenten introducir celulares, drogas y otros elementos que amenacen la seguridad de los recintos. La Comisión Mixta del Senado ha despachado el proyecto, que ahora avanza hacia su promulgación, lo que refleja la creciente preocupación por la seguridad dentro de las cárceles chilenas. Según datos oficiales, el contrabando de objetos como celulares ha sido un problema sistemático en el sistema penitenciario, contribuyendo a la generación de desorden y a la continuidad de actividades delictivas desde el interior de los recintos. ## ¿Qué incluye la nueva ley? La normativa sanciona específicamente el lanzamiento de:
- Celulares,
- Otros objetos prohibidos. Esto se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por fortalecer la seguridad perimetral en las cárceles, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este avance legislativo busca disuadir no solo el contrabando de estos materiales, sino también limitar el poder de acción que los reclusos pueden tener gracias a equipos comunicativos no autorizados. Con la aprobación de esta ley, las autoridades esperan mejorar el control interno y prevenir el ingreso de elementos que podrían alterar el orden. Al respecto, fuentes del Ministerio de Justicia han enfatizado que esta medida es parte de un conjunto de reformas destinadas a crear un ambiente penitenciario más seguro y controlado. Los críticos de la ley han expresado su preocupación sobre la implementación de estas medidas, haciendo hincapié en que simplemente sancionar el acto de lanzar objetos puede no ser suficiente para erradicar el problema del contrabando en las cárceles. Se espera que en los próximos meses se desarrollen más iniciativas relacionadas con esta legislación, enfocadas en la mejora de la infraestructura y la formación de personal de seguridad en los recintos penitenciarios. Esta nueva regulación podría ser un aspecto clave en la transformación del sistema penitenciario chileno, que ha enfrentado numerosas críticas por su falta de seguridad y su inefectividad en la rehabilitación de los reclusos. La implementación de medidas más restrictivas puede ayudar a mitigar los riesgos asociados al contrabando, pero también plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en el sistema carcelario chileno.
