El pleno de la Corte Suprema, liderado por su presidenta, Gloria Ana Chevesich, ha solicitado al Primer Tribunal Ambiental (1TA) que entregue en un plazo de cinco días los antecedentes que sustentan la inhabilidad de tres de sus ministros en el caso del proyecto El Alto, conocido como «Pascua Lama 2.0». Este proyecto, impulsado por Minera Nevada, filial de Barrick Gold, enfrenta la oposición de comunidades del Valle del Huasco, en la Región de Atacama, que buscan frenar su avance.
Contexto del Proyecto El Alto
El Alto se sitúa en la misma área donde se desarrolló el proyecto Pascua Lama, que fue clausurado en 2022 por la Corte Suprema. A pesar de esto, en enero de este año, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó la ejecución de 62 pozos de sondaje, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona debido a la cercanía de glaciares que son vitales para el ecosistema local.
Inhabilidades y Controversias Judiciales
Las inhabilidades de los ministros del 1TA llevaron a que el caso fuera derivado al Segundo Tribunal Ambiental (2TA) en Santiago. En este tribunal, se han presentado solicitudes para apartar a otros ministros debido a posibles conflictos de interés relacionados con su vinculación a Barrick Gold. Entre las solicitudes destaca la de Gonzalo Sánchez, abogado de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, quien argumenta que la presidenta del tribunal, Marcela Godoy, y el ministro Cristián López tienen lazos que podrían comprometer su imparcialidad.
Próximos Pasos en el Proceso Judicial
La Corte Suprema ha decidido actuar tras recibir un informe de la ministra Jessica González Troncoso, quien visitó los tribunales especiales. A la espera de los antecedentes solicitados, el 2TA había pedido previamente al 1TA que precisara los hechos que fundamentaron las inhabilidades, pero sin fijar un plazo para la respuesta.
Las comunidades afectadas han impugnado la autorización ambiental y han recurrido a la justicia para intentar detener las obras, argumentando que la aprobación del proyecto se realizó sin considerar el fallo anterior de la Corte Suprema sobre los sondajes ilegales en la zona.
El Senado también aprobó recientemente nombramientos para cubrir vacantes en los tribunales ambientales, incluyendo a Sebastián Riestra, quien ha tenido vínculos profesionales con Minera Nevada, lo que añade una capa más de controversia a la situación actual.