La situación de Norma Tapia Salazar, directora de Control Interno de la Municipalidad de Punitaqui, ha generado controversia tras más de tres años de suspensión preventiva sin resolución de un sumario administrativo iniciado en 2023. En julio de 2026, Tapia recibió $3.405.651 líquidos, cifra que incluye incentivos, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad y la ética de estos pagos en el contexto de su suspensión.
Contexto del sumario administrativo
El origen del sumario se remonta a una fiscalización de la Contraloría Regional de Coquimbo, que detectó numerosas omisiones en los registros de asistencia de Tapia durante 2022. Se identificaron alrededor de 180 jornadas con marcaciones incompletas, y a pesar de estas irregularidades, la funcionaria continuó recibiendo sus remuneraciones sin descuentos.
El 9 de mayo de 2023, se dictó el decreto alcaldicio N° 533, que ordenó el inicio del sumario. Desde entonces, Tapia ha permanecido apartada de sus funciones mientras el proceso se tramita, acumulando más de tres años sin una resolución definitiva.
Consecuencias de la prolongación del sumario
La abogada María-José Lira Marti, experta en Derecho Público, ha señalado que la extensión de este tipo de procedimientos puede generar responsabilidades para quienes dilatan injustificadamente el proceso. A su juicio, un sumario que se extiende por más de tres años es una anomalía que vulnera principios de celeridad y eficiencia en la administración pública.
Además, la prolongación de la suspensión no solo afecta a la funcionaria investigada, sino que también impacta negativamente en el funcionamiento del municipio y en su patrimonio.
Incentivos y el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG)
Uno de los puntos más discutidos es el pago de incentivos bajo el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG), que se otorgan por el cumplimiento de metas institucionales. A pesar de estar suspendida y no participar en el trabajo diario, Tapia ha recibido pagos adicionales por este concepto. En julio de 2026, recibió $1.400.000 como parte de este programa.
Según un dictamen de la Contraloría, los funcionarios que se encuentran con licencia médica o suspendidos no tienen derecho a estos incentivos si no han trabajado efectivamente. Sin embargo, la abogada Lira aclara que la suspensión preventiva no es una sanción, lo que complica la situación respecto a la legalidad de los pagos.
La falta de resolución en el sumario administrativo y la continuidad de los pagos plantean serias dudas sobre la gestión y la transparencia en la administración pública de Punitaqui.