El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció la suspensión de nuevas rebajas de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Esta decisión se da en el contexto de la polémica generada por el Ministerio de Justicia, que otorgó 56 reducciones de pena a condenados por estos delitos. Kast asumió la responsabilidad del Estado en esta situación y ratificó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien liderará los procesos para evitar que se repitan estos errores.
Medidas anunciadas por el Gobierno
En una conferencia de prensa, el mandatario explicó que se están tomando medidas concretas para abordar la situación:
- Suspensión de toda tramitación de rebajas de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores.
- Revisión caso a caso de cada uno de los decretos emitidos que otorgaron estas rebajas.
- Implementación de un proyecto de ley que impida a los condenados por abuso o violación a menores acceder a rebajas de condena en el futuro.
Compromiso con las víctimas
Kast enfatizó que el compromiso del Gobierno es poner a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Reconoció que el Estado falló en su deber de proteger a los menores y se comprometió a corregir los errores cometidos. “Prometimos ser un Gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba”, afirmó.
El Presidente también destacó que se recogerán las mociones parlamentarias que están en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados para abordar esta problemática. La intención es asegurar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Próximos pasos
El Gobierno se encuentra en un proceso de revisión y análisis de los casos, y se espera que en los próximos días se presenten más detalles sobre las modificaciones legales que se implementarán. La situación ha generado un amplio debate en la sociedad chilena, y el Ejecutivo busca restablecer la confianza en el sistema judicial respecto a la protección de los menores.