El subsecretario de Justicia, Luis Silva, ha respaldado la solicitud de reducción de condena de Patricio González Cortez, un exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que cumple una pena de 10 años de cárcel por la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987. Esta decisión se formalizó a través de un oficio enviado a la Corte de Apelaciones de Santiago el 2 de octubre, a pesar de que la Corte Suprema ya había rechazado su solicitud en dos ocasiones anteriores.
Detalles del caso
El oficio de Silva argumenta que González Cortez cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio de reducción de condena, a pesar de los fallos previos que consideraron su condena por delitos de lesa humanidad como una causal de exclusión. En su respuesta al tribunal, Silva afirmó que:
- González Cortez cumple con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.
- La gravedad del delito no debe ser considerada una causal autónoma de exclusión según el artículo 17.
El subsecretario cuestionó los fundamentos de su antecesor, el exministro de Justicia Jaime Gajardo, quien había rechazado la rebaja de condena en diciembre de 2025, argumentando que el exagente no cumplía con los requisitos del Estatuto de Roma.
Rechazo del recurso de amparo
A pesar del respaldo de Silva, el 22 de octubre, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema volvieron a rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa de González Cortez, quien actualmente se encuentra recluido en Colina 1. Este caso ha generado controversia en el ámbito judicial y político, resaltando las tensiones dentro del oficialismo respecto a los criterios de rebaja de condenas.
Implicaciones políticas
La postura de Silva ha generado un choque con las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha defendido la necesidad de cumplir con las sentencias de la Corte Suprema. Este conflicto pone de manifiesto las diferencias en la interpretación de la ley y los criterios aplicados por las autoridades en materia de justicia, especialmente en casos relacionados con delitos graves.