En una reciente entrevista en Mesa Central, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, afirmó que está «convencido» de que miembros de la oposición estaban al tanto de la firma que permitió la rebaja de condenas para 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Este comentario se produjo en el marco de la acusación constitucional que la oposición planea presentar contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por su decisión de firmar los decretos de reducción de penas.
Arenas destacó que, independientemente de la permanencia de Rabat en su cargo, la acusación constitucional tiene un trasfondo político. «Aunque le pidiera la renuncia al ministro, esta acusación seguiría, porque lo que se busca es un daño político al gobierno», señaló. Además, subrayó que la situación es grave y que el gobierno asume su error, reconociendo que el Estado falló en este caso.
Reacciones de la oposición
La diputada Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, respondió a las declaraciones de Arenas, cuestionando la falta de transparencia del gobierno. «Curioso, Gonzalo Arenas dice que la oposición tiene todos los antecedentes, pero su gobierno se niega a publicarlos. Quien firmó los 56 decretos es el gobierno. ¡Transparenten!», expresó en su cuenta de X.
Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó la postura de Arenas, afirmando que sus afirmaciones carecen de fundamento. «Si tiene antecedentes, que los muestre y dé nombres. ‘Estoy convencido’ no es una prueba», indicó, sugiriendo que las declaraciones del vocero del gobierno buscan desviar la atención de las decisiones que han tomado.
Contexto de la ley
Arenas también enfatizó que la ley que permite estas rebajas de condena ha estado en vigor por más de 20 años y que la discusión actual se centra en un relato político que no refleja toda la verdad ni establece las responsabilidades adecuadas. «Se trata de culpar al último que firmó», concluyó, refiriéndose a la situación actual.