Este lunes, el Congreso completó la tramitación de la reforma a la Ley N° 21.802 sobre seguridad municipal, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados con 121 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones. La iniciativa ahora está lista para ser promulgada por el Ejecutivo.
La reforma busca corregir las limitaciones operativas que se han presentado desde la entrada en vigencia de la ley en agosto pasado, otorgando a los alcaldes mayor autonomía financiera y contractual para conformar y equipar sus direcciones de seguridad pública comunal.
Cambios clave en la contratación de personal de seguridad
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es la modificación del régimen laboral. A partir de ahora, los municipios podrán contratar personal de seguridad bajo las normas del Código del Trabajo. Estos trabajadores adquirirán la calidad de funcionarios públicos, quedando sujetos a las normas de responsabilidad administrativa y a los procesos disciplinarios establecidos por el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.
Remuneraciones y financiamiento
La ley también establece nuevos límites para las remuneraciones del personal de seguridad. Anteriormente, los municipios enfrentaban un tope máximo de gasto en sueldos, lo que dificultaba la contratación de más patrulleros. Con la nueva normativa, el personal de seguridad queda excluido de este límite, permitiendo que cada municipio destine hasta un 5% de sus ingresos propios permanentes a este ítem. Para la asignación de estos recursos, se deberán considerar factores como:
- Población flotante
- Extensión geográfica
- Índices de delitos
- Grado de dependencia del Fondo Común Municipal
Además, se crea un plan anual de financiamiento administrado por la Subdere, al que los municipios podrán postular para cubrir costos de formación de inspectores, adquisición de equipamiento e infraestructura de seguridad. Se priorizará a las comunas de menores ingresos y a aquellas con alta vulnerabilidad delictual.
Adaptación y certificación de inspectores
Para facilitar la llegada de inspectores, se amplían las opciones para acreditar la idoneidad física y psicológica, permitiendo evaluaciones en clínicas y centros privados, además de la red de salud pública. Los inspectores ya en funciones tendrán un plazo de doce meses para certificar este requisito desde el decreto alcaldicio de su nombramiento.
La reforma también extiende el periodo de adaptación para que las municipalidades puedan regularizar sus contratos de seguridad, aumentando de 60 a 180 días el tiempo disponible para ordenar sus decretos y evitar quedar fuera de plazo.
En la votación, los votos en contra fueron emitidos por siete diputados, mientras que seis se abstuvieron. Este avance legislativo representa un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad pública a nivel municipal.