La controversia en torno a la rebaja de penas a condenados por abusos a menores de edad, firmada por el Gobierno, ha llevado a un intercambio de críticas entre Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, y Arturo Squella, presidente del Partido Republicano. Este roce se intensificó tras una declaración de Hernán Larraín, quien se refirió a la importancia de la ley en el contexto de casos como el de Paul Schäfer.
Intercambio de declaraciones
El debate se desató cuando Squella, en respuesta a Larraín, mencionó: “¿Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, no crees Hernán?”. Esta afirmación provocó la reacción inmediata de Cruz-Coke, quien a través de X (anteriormente Twitter) expresó: “Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá. Así no se necesita oposición”.
Contexto de la ley y sus implicancias
La polémica se centra en la ley que permite la rebaja de penas a ciertos condenados, la cual fue promulgada en 2022. Larraín, exministro de Justicia, recordó que en 2019 había presentado un proyecto que excluía de estos beneficios a quienes hubieran cometido delitos contra menores. Sin embargo, la aplicación de la ley ha sido objeto de interpretaciones diversas por parte de la Corte Suprema, lo que ha generado confusión sobre su alcance y aplicación.
Según Larraín, la Corte inicialmente permitió que condenados antes de la vigencia de la ley accedieran a la rebaja de penas, pero en fallos recientes ha cambiado su criterio, negando este beneficio bajo el principio de irretroactividad penal.
Reacciones y posturas
Tras el intercambio, Squella continuó defendiendo su postura, argumentando que es necesario denunciar a quienes, según él, intentan engañar al público respecto a la ley. “Me veo en la obligación de denunciar a quienes abonan al engaño de la izquierda, que intenta hacer ver a una buena persona como promotora de beneficios a los peores criminales que pueden haber”, escribió en su cuenta de X.
Este enfrentamiento entre los presidentes de los partidos oficialistas refleja las tensiones internas en el Gobierno respecto a la legislación sobre delitos sexuales y la percepción pública de las políticas de justicia.