El ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó un oficio reservado a la Comisión de Constitución del Senado, en el que se contabilizan 308 rebajas de condena concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo de 2022 y el 26 de octubre de 2026. El informe destaca que el mayor número de rebajas se registró en 2025, con 76 casos, el último año completo del gobierno de Gabriel Boric.
Detalles del informe presentado
El registro se centra exclusivamente en rebajas asociadas a delitos sexuales contra menores y forma parte de la primera entrega de antecedentes por parte del Ministerio de Justicia. Este informe fue remitido mientras la comisión analizaba un proyecto que busca modificar la Ley 19.856 para excluir estos delitos del beneficio de rebaja de condena.
El oficio, fechado el 11 de noviembre, incluye un resumen que muestra un aumento en las rebajas anuales desde 2022 hasta 2025: 46 en 2022, 54 en 2023, 66 en 2024 y 76 en 2025. Hasta el 26 de octubre de 2026, se habían contabilizado 66 rebajas adicionales.
Desglose de las rebajas de condena
El informe distingue entre delitos sexuales contra menores de 14 años y delitos contra víctimas mayores de 14 pero aún menores de edad. En 2025, se otorgaron 59 rebajas en el primer grupo y 17 en el segundo. En 2026, las cifras fueron 58 y 8, respectivamente. En total, el informe registra 266 rebajas asociadas a delitos contra menores de 14 años y 42 por delitos contra víctimas de entre 14 y 17 años.
Un dato relevante es que 291 de las 308 rebajas, equivalentes al 95%, fueron otorgadas por orden judicial. El Ministerio de Justicia detalla que 250 se concedieron entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2026, tras intervención de tribunales, mientras que 41 corresponden al período entre el 11 de marzo y el 26 de octubre de 2026.
Controversia y análisis legal
La controversia en torno a las rebajas de condena se ha intensificado debido a la aplicación de una modificación legal de 2022 que excluye del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores. El debate se centra en si esta restricción puede aplicarse a condenados antes de su entrada en vigencia. En varios casos, tribunales han acogido recursos de amparo presentados por condenados que vieron negado el beneficio.
Rabat califica la reducción de condena como una “potestad de carácter reglado”, afirmando que la ley reconoce el derecho al beneficio siempre que se cumplan las condiciones legales. El informe menciona que el Ministerio no tiene facultades para denegar el beneficio por razones de oportunidad o conveniencia.
Próximos pasos y propuestas del Ministerio
La entrega de estos antecedentes se produce en un contexto de solicitudes parlamentarias para conocer los decretos y sus fundamentos, así como de una investigación de la Fiscalía Centro Norte por posible prevaricación y la preparación de una acusación constitucional contra Rabat. La Comisión de Constitución sigue estudiando un proyecto para cambiar las reglas del beneficio en delitos sexuales contra menores.
En la conclusión del oficio, el Ministerio de Justicia propone que la legislación sobre beneficios penitenciarios se ajuste para considerar las necesidades de las víctimas y fomentar mecanismos técnicos y basados en evidencia para la rehabilitación y reinserción de los condenados. También se menciona la necesidad de una reforma a la Ley Orgánica de Gendarmería y la creación de un nuevo servicio especializado de reinserción social.