Parlamentarios de la región de Los Ríos han solicitado celeridad en la investigación relacionada con una fábrica clandestina de armas ubicada en Liquiñe, Panguipulli. A pesar de que el operativo para desmantelar esta instalación se realizó hace más de dos años, aún no se han realizado detenciones. Las autoridades muestran preocupación ante una situación que evidencia la existencia de una línea de producción sofisticada para fabricar armas en la zona rural precordillerana.
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Este hecho fue revelado en junio de 2024 por la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal nacional Ángel Valencia, quien destacó la serie de elementos incautados durante el operativo. Entre los objetos recuperados se encontraban armas artesanales de 9 mm, 500 cartuchos, 68 cañones estriados de 9 mm, y otros componentes que indican un funcionamiento organizado y técnico en la producción de armamento.
Cifras del operativo de la PDI
Durante el procedimiento, la PDI encontró:
- 1 arma artesanal 9 mm.
- 500 cartuchos.
- 68 cañones estriados, calibre 9 mm.
- 31 armazones de pistola.
- Piezas metálicas y equipos tácticos.
- Inhibidores de señal, GPS, y maquinaria de tornería/fresado.
Estas cifras corroboran el riesgo que puede representar la fábrica clandestina no solo para la seguridad pública, sino también para el control de armas en el país. Sin embargo, en medio de la presión política, aún no hay claridad respecto a las personas identificadas en la investigación. A principios de 2026, la fiscal regional Tatiana Esquivel mencionó que existían personas identificadas, pero los detalles no han sido divulgados públicamente.
La presión de los parlamentarios va acompañada de un llamado a la Fiscalía para que exista un esclarecimiento sobre el estado de la investigación. Actualmente, la fiscalía mantiene reserva sobre los avances, lo que eleva las preocupaciones ante la falta de transparencia y los resultados que deberían derivarse de un hallazgo tan grave.
Implicaciones del hallazgo y situación actual
La relevancia de este caso no puede subestimarse, ya que refleja una brecha significativa entre la capacidad de las fuerzas del orden para desmantelar operaciones clandestinas y la ausencia de resultados concretos en términos de justicia penal. A medida que los políticos presionan por respuestas, la comunidad se pregunta qué medidas se están implementando para evitar que tales operaciones prosperen nuevamente en la región.
Las autoridades locales exigen información actualizada sobre la causa, incluyendo si hay imputados formalizados, órdenes de arresto pendientes o nuevas diligencias que se estén llevando a cabo. Mientras tanto, la PDI y la Fiscalía de Los Ríos han sido instadas a brindar más detalles sobre la trazabilidad de las armas encontradas y su posible destino.
Este caso no solo revela las lagunas en la relación entre la ley y el crimen, sino que también destaca la importancia de mecanismos de control más robustos en la fabricación y el tráfico de armas en Chile. La comunidad local y los legisladores esperan respuestas rápidas y efectivas que no solo aborden el caso actual, sino que contribuyan a una solución a largo plazo para garantizar la seguridad pública.
