La jornada en el Congreso se tornó tensa cuando el ministro de Justicia, Fernando Rabat, acudió a la Cámara para explicar las 56 rebajas de condena firmadas entre marzo y septiembre, que incluyen a condenados por violación y abuso sexual. A pesar de las expectativas del Gobierno, la sesión terminó con gritos y el anuncio de una acusación constitucional por parte de la oposición.
El presidente José Antonio Kast había reconocido previamente un «error» en el procedimiento, lo que generó un ambiente de alta tensión. A pesar de esto, Rabat no ofreció disculpas ni admitió haber cometido un error, aunque sí reconoció un «vacío» en el procedimiento que no incluyó la opinión de las víctimas.
Reacciones en el Congreso
La oposición, compuesta por partidos como el PC, Frente Amplio, PS, PPD, Partido Liberal y DC, anunció que presentará una acusación constitucional en los próximos días. La jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano, argumentó que Rabat no actuó conforme a la ley y que se debe buscar responsabilidad política.
- La acusación será la primera contra un ministro del actual Gobierno.
- Se espera que el libelo se presente a más tardar el martes.
Defensa del ministro Rabat
Durante su intervención, Rabat defendió su actuación y explicó que su ministerio solo formaliza las decisiones tomadas por la Comisión de Reducción de Condenas. Afirmó que su trabajo se limita a firmar los decretos y que no tiene competencias para actuar fuera de lo que la ley establece.
Rabat también criticó al gobierno anterior por no haber escuchado a las víctimas durante su mandato y por no haber abordado el informe de Gendarmería que alertaba sobre la situación. La falta de atención a las víctimas fue un punto recurrente en las críticas de la oposición, que exigió su renuncia.
La situación actual
La sesión culminó en un ambiente hostil, con acusaciones cruzadas y carteles pidiendo la renuncia de Rabat. A pesar de los intentos de algunos diputados por mantener el orden, la tensión escaló, llevando al ministro a abandonar el hemiciclo antes de que se cerrara la sesión.
La oposición se siente decidida a llevar adelante la acusación constitucional, mientras que el oficialismo enfrenta un desafío interno respecto a la continuidad de Rabat en el gabinete. La situación plantea interrogantes sobre la estabilidad del Gobierno de Kast y su capacidad para manejar la crisis generada por las rebajas de condena.