El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y la jefa de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, han manifestado su oposición a la reciente propuesta del Partido Comunista (PC) que busca modificar la Ley Naín-Retamal. Este proyecto ingreso por la diputada Lorena Pizarro, el cual pretende eliminar la legítima defensa privilegiada para la policía, ha suscitado fuertes críticas desde varios sectores políticos, en especial desde la UDI.
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Durante una declaración conjunta, Alessandri y Weisse afirmaron que esta iniciativa se enmarca dentro de una “agenda deliberada” promovida por la extrema izquierda desde marzo. “El octubrismo ha vuelto a nuestro país”, expresaron, aludiendo a la época del estallido social de 2019, al tiempo que vincularon el proyecto con una serie de acciones que consideran peligrosas para la estabilidad del país.
La reforma propuesta por el PC busca derogar la presunción legal de legítima defensa privilegiada, un aspecto fundamental de la Ley N° 21.560, y restablecer una redacción anterior sobre apremios ilegítimos por parte de la policía y otros órganos del Estado. Según el PC, esta iniciativa responde a la “fuerte represión a los manifestantes” observada bajo la actual administración del presidente José Antonio Kast. Pizarro justifica el proyecto argumentando que la ley actual permite abusos por parte de las fuerzas del orden.
Sin embargo, a nivel político, la propuesta ha encontrado amplio rechazo. Raúl Leiva, jefe de la bancada socialista, manifestó su oposición a la derogación, resaltando que la ley en cuestión constituye un signo de avance en la protección del accionar policial. Por su parte, desde el oficialismo, la diputada republicana Catalina del Real expresó que el PC está dando “una señal nefasta” en un contexto que califica como “la peor crisis de seguridad” que ha enfrentado el país.
Ante este escenario, Renovación Nacional (RN) ha presentado su propia solución, denominada “Agenda Naín-Retamal 2.0”, que propone extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que intervengan ante delitos flagrantes, además de endurecer las sanciones contra quienes agredan a efectivos de seguridad.
De cara al futuro, los líderes de la UDI hicieron un llamado a todos los sectores democráticos, incluyendo a los partidos de centroizquierda, para que rechacen cualquier intento por minimizar la violencia y no apoyen lo que consideran una estrategia del PC para desestabilizar el orden público. Alessandri y Weisse concluyeron advirtiendo que la situación actual del país es un reflejo de tensiones acumuladas, con un clamor por la seguridad que está presente en la opinión pública y en los discursos políticos.
Este episodio destaca las divisiones ideológicas en el ámbito político chileno, donde las propuestas legislativas no solo abarcan aspectos técnicos, sino que también son vistas desde la lente de experiencias pasadas que han dejado huella en la memoria colectiva del país.
