El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) ha hecho un fuerte llamado a las autoridades para calificar como crimen organizado la red de tráfico ilegal de productos marinos que fue desarticulada en la Operación Nereida. Este operativo dejó como saldo más de 54 detenidos, entre los que se encontrarían funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Carabineros, y empleados del Municipio de Valdivia.
Según la información proporcionada por el CONDEPP, esta red criminal habría movilizado cerca de $9.000 millones a través del tráfico de diversas especies, incluyendo merluza austral, congrio dorado, pejerreyes y locos. Estos recursos se encuentran sobreexplotados en la zona austral del país, lo que subraya la gravedad de la situación.
Los delitos que se imputan a los involucrados abarcan asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos e infracciones a la Ley de Pesca. Hernán Cortés, presidente de CONDEPP, manifestó que este caso es mucho más que una simple banda de comerciantes inescrupulosos, argumentando que se trata de un crimen organizado que ha infiltrado al Estado.
Críticas al levantamiento del secreto bancario
En el marco de esta denuncia, Cortés ha criticado al oficialismo por su rechazo a levantar el secreto bancario que podría facilitar la investigación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Él calificó esta postura como “absolutamente contradictoria”, señalando que 24 senadores de dicho sector votaron en contra de la iniciativa, lo que obstaculiza las herramientas necesarias para seguir el flujo de dinero de las operaciones ilícitas.
“No se puede proclamar la lucha contra la pesca ilegal y, al mismo tiempo, bloquear las herramientas que permiten seguir el dinero”, expresó Cortés, enfatizando la necesidad de un compromiso más amplio en la lucha contra esta problemática.
El líder de CONDEPP argumentó que la red que se encuentra bajo investigación posee características típicas del crimen organizado: jerarquía, roles bien definidos, corrupción de funcionarios, utilización de personas jurídicas para blanquear operaciones y una compleja cadena logística que une localidades como Calbuco y Los Ríos a través de rutas nocturnas.
A raíz de estos acontecimientos, CONDEPP ha instado al Ministerio Público a realizar una indagación exhaustiva sobre todas las personas e instituciones involucradas, pidiendo que el Gobierno refuerce a Sernapesca y a los organismos de inteligencia financiera y policial. Asimismo, ha hecho un llamamiento al Congreso para que se aprueben las herramientas legales necesarias, como el levantamiento del secreto bancario, para combatir efectivamente el tráfico marítimo.
Este asunto no solo pone en riesgo los recursos marinos y afecta el trabajo de familias de pescadores artesanales, sino que también compromete la integridad de las instituciones encargadas de la regulación y fiscalización en el sector pesquero, generando un clima de desconfianza en torno a la lucha contra la pesca ilegal en Chile.
