La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que inicie querellas contra 1.806 beneficiarios del programa Becas Chile que no han cumplido con su obligación de retornar al país tras finalizar sus estudios. Esta solicitud fue liderada por la jefa de bancada, Flor Weisse, y el diputado Cristóbal Martínez, y se enmarca en una iniciativa gubernamental para aumentar la recaudación fiscal, que ya ha incluido medidas como embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciben ingresos superiores a $3,5 millones mensuales.
Estrategia de recaudación fiscal del Gobierno
El trasfondo de esta acción radica en la auditoría solicitada por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, que analizó datos de más de 2 millones de becas otorgadas entre 2008 y 2025. De este análisis, surgió que más de 1.800 beneficiarios incumplieron con el acuerdo que estipulaba su regreso a Chile, algunos de los cuales debían volver hace más de una década. Según el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la deuda acumulada podría alcanzar hasta US$150 millones.
Weisse y Martínez argumentan que esta deuda representa cerca de $100 mil millones y solicitaron que el CDE ejerza todas las acciones necesarias para recuperar estos fondos. “Cada peso que no se restituye es un recurso que se le termina quitando a otras urgencias del país”, señalaron los parlamentarios.
Impacto en el programa Becas Chile
Como parte de esta reforma fiscal y el legado de irresponsabilidad financiera, el Ministerio de Ciencia ha decidido suspender temporalmente las convocatorias para nuevas becas correspondientes a 2026. Esta medida se mantendrá vigente mientras se realiza una revisión exhaustiva de las bases técnicas del programa. A su vez, se están contactando a los beneficiarios con obligaciones pendientes para que acrediten su retorno o, en su defecto, restituyan los recursos no utilizados.
La UDI ha argumentado que no se puede tolerar un mal uso de este programa, que está financiado con recursos públicos, y han solicitado que el CDE actúe con urgencia para remediar esta situación. La presión por recuperar estos fondos es un reflejo de las prioridades del gobierno en tiempo de crisis económica, donde cada peso cuenta para abordar cuestiones tan esenciales como la salud y la seguridad.
La ministra Lincolao ha indicado que esta cruzada no solo busca la recuperación de fondos, sino que también busca garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a programas de financiamiento educativo, asegurando que cumplan con sus compromisos una vez que finalicen su formación.
Por último, a medida que avanza la revisión del programa Becas Chile, se espera que esta situación genere un debate más amplio sobre la responsabilidad y la sostenibilidad de los programas de becas en el contexto de un estado que busca optimizar sus recursos en tiempos de austeridad fiscal.
