La reciente reforma a la Ley 19.865 de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) pretende abordar de manera efectiva el déficit de infraestructura que enfrentan muchas municipalidades en Chile. Este proyecto de reforma fortalece el rol del sector privado, promoviendo una mayor colaboración entre el Estado y las empresas para el desarrollo de infraestructura clave como parques, edificios y espacios públicos.
La Ley FUC permite a los municipios ceder derechos de uso de terrenos públicos a empresas privadas, las cuales se encargan de construir y operar estas infraestructuras, recuperando su inversión durante la operación. Sin embargo, su uso ha sido limitado debido a diversos factores, como el desconocimiento sobre la ley y la falta de capacidades técnicas en algunas municipalidades.
Implicaciones de la reforma para el sector privado
Una de las modificaciones más significativas introducidas por la reforma es el establecimiento de un puntaje adicional para aquellos privados que propongan iniciativas, convirtiendo en obligatorio lo que antes era opcional. Esto significa que se valorarán más aquellos proyectos que ya cuenten con estudios previos de viabilidad, además de que se compensarán los costos de estudio si no se adjudica el proyecto. El cambio busca reducir la incertidumbre jurídica que actualmente desincentiva las inversiones en este tipo de proyectos.
Desafíos enfrentados por las municipalidades
A pesar de que el nuevo marco normativo crea oportunidades, los municipios siguen enfrentando diversos desafíos. Muchos no tienen experiencia en la estructuración de contratos bajo esta ley, lo que limita su capacidad para aprovecharla. La demanda de proyectos ligados a infraestructura verde y movilidad sostenible es creciente, pero la falta de intermediarios institucionales que acompañen a los municipios en este proceso continúa siendo un obstáculo importante.
Nuevas oportunidades de inversión
La división de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional (DIT) será clave en este nuevo enfoque. Este ente se encargará de realizar estudios de preinversión, redactar bases y supervisar la ejecución de proyectos, lo que añade un nivel de capacidad técnica que antes no existía a nivel municipal. Asimismo, esta reforma es una invitación al capital privado, que está buscando proyectos que generen un impacto positivo y que se alineen con las tendencias actuales de sostenibilidad.
El Gobierno busca facilitar esta colaboración, en un momento en que la presión fiscal es alta y los recursos del Estado son limitados. La ley FUC, renovada, puede ser un instrumento crítico para abordar la creciente demanda de infraestructura urbana en Chile y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El camino hacia la modernización de la Ley FUC está lleno de posibilidades. Con la implementación de estos cambios, se espera que más municipios se sientan empoderados para utilizar esta herramienta, llevándola más allá de su uso marginal. La adecuación de las normativas a las necesidades actuales puede transformar el panorama urbano de Chile, generando mayores oportunidades de inversión y participación del sector privado en la mejora de la infraestructura urbana.
En las próximas semanas, los concejos municipales comenzarán a discutir estos cambios, donde será fundamental el apoyo de todos los actores involucrados para asegurar que se logren los objetivos propuestos.
