Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto de manifiesto la situación de 485 funcionarios públicos que se encuentran bajo suspensión preventiva con goce de sueldo, desde al menos marzo de 2020. Este informe, correspondiente al consolidado n°25, destaca que algunos de estos casos se han prolongado por más de cuatro años, generando un desembolso total de $671.426.189 en remuneraciones para el fisco.
Detalles de las suspensiones
La Contraloría ha clasificado los casos de suspensión en diferentes categorías según su duración:
- 13 funcionarios han estado suspendidos por más de cuatro años.
- 17 funcionarios entre tres y cuatro años.
- 44 entre dos y tres años.
- 147 entre uno y dos años.
- 171 entre un año y siete meses.
- 93 entre seis y cuatro meses.
Además, el informe reveló que 14 de estos funcionarios estaban realizando otras actividades remuneradas durante su suspensión, según datos del SII. Entre los hallazgos más preocupantes, se identificaron dos funcionarios que cumplían prisión preventiva mientras estaban suspendidos, así como 33 que viajaron al extranjero durante licencias médicas.
Acciones de la Contraloría
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha decidido trasladar 30 casos con más de tres años de suspensión a sus dependencias para continuar con la tramitación. Se busca acelerar los procesos y determinar responsabilidades por las demoras en los sumarios administrativos.
El informe también señala que algunos fiscales sumariantes que decretaron suspensiones están bajo la misma medida, y que en 20 casos, los sumarios están a cargo de fiscales que ya no están en funciones.
La situación plantea serias interrogantes sobre la gestión de los sumarios administrativos y la utilización de recursos públicos, lo que ha generado un llamado a la acción para mejorar la eficiencia en estos procesos.
Para más información sobre este tema, puedes consultar la nota anterior de Chile Trends.