El martes 22 de septiembre de 2026, la Corte de Apelaciones de Chillán tomó una decisión crucial en el caso de Rachel Llanca Malebrán, una mujer de 82 años que enfrentaba una orden de desalojo de una vivienda fiscal. La Delegación Presidencial de Ñuble había determinado que debía abandonar el inmueble, pero el tribunal dejó sin efecto esa orden al encontrar un documento de 1986 que autorizaba a Llanca a ocupar la casa sin fecha de término.
Este hecho se produce en un contexto donde, un día después, en Madrid, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada de su hogar tras varios intentos fallidos. Ambas mujeres, aunque enfrentaron situaciones similares, tenían orígenes y circunstancias diferentes en sus disputas por la vivienda.
El caso de Rachel Llanca
Rachel Llanca había trabajado como auxiliar en el Liceo A-10 de Chillán y recibió un permiso del Ministerio de Educación en 1986 para habitar la vivienda ubicada en calle Bulnes 160. A pesar de que la Delegación Presidencial y Bienes Nacionales argumentaban que no existía un contrato vigente que justificara su ocupación, el tribunal encontró el documento que validaba su situación.
La Corte solicitó a las autoridades revisar sus archivos y, tras recibir la Resolución Exenta Nº 468, que autorizaba a Llanca a usar la vivienda, determinó que no se podía ejecutar el desalojo. La resolución no especificaba un plazo para la ocupación, lo que fue clave para el fallo del tribunal.
Comparación con el caso de Maricarmen Abascal
En contraste, Maricarmen Abascal en Madrid había vivido en su departamento por 71 años bajo un contrato de arrendamiento que había pasado de su padre a su madre y luego a ella. La empresa propietaria argumentó que la sucesión había terminado, y los tribunales españoles respaldaron esta interpretación, permitiendo su desalojo el 23 de septiembre.
Mientras que el caso de Abascal terminó en un desalojo forzado, el de Llanca resultó en una victoria legal, aunque no le garantiza la propiedad de la vivienda. La Corte de Chillán dejó abierta la posibilidad de acciones civiles para recuperar el inmueble, pero anuló la orden de restitución, obligando a las autoridades a considerar la autorización del Ministerio de Educación.
Ambas historias reflejan la lucha de mujeres mayores por sus hogares, pero con desenlaces marcadamente diferentes. Rachel Llanca logró frenar su desalojo, mientras que Maricarmen Abascal fue finalmente desalojada, destacando las complejidades legales y administrativas en cada caso.