El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ha expresado su preocupación por el estado del equipamiento de la institución, afirmando que los funcionarios enfrentan una desventaja significativa frente al poder de fuego de los delincuentes. Estas declaraciones se producen tras el reciente asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos, quien fue atacado mientras realizaba un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco.

Publicidad

Yáñez calificó la cifra de uniformados asesinados en un periodo de siete meses como “aberrante”, destacando que la falta de equipamiento y elementos de protección es un problema crítico. Según el exjefe policial, “no hay pistolas para todos los carabineros”, lo que pone en riesgo la seguridad de los funcionarios en el cumplimiento de su deber.

Antigüedad del armamento

El exgeneral también hizo hincapié en la antigüedad del arsenal de Carabineros, indicando que “las ametralladoras que tenemos tienen 50 años”. Además, mencionó la escasez de chalecos antibala y cascos balísticos, afirmando que “no tenemos para todos” y que los que están disponibles no son personalizados para cada funcionario. Esto, según Yáñez, afecta la capacidad de respuesta de los carabineros en situaciones de riesgo.

Desigualdad en las reglas de actuación

Yáñez también abordó las diferencias en las regulaciones que rigen la actuación de los funcionarios durante los procedimientos. Aunque reconoció que los protocolos actuales son adecuados, sugirió que existen “otras reglas” en otras jurisdicciones que podrían facilitar la actuación de los carabineros en situaciones críticas. Esto incluye la llamada “regla de los 12 pasos”, que limita ciertas acciones que podrían ser necesarias en el terreno.

Publicidad

La situación planteada por Yáñez resalta la necesidad urgente de revisar y mejorar el equipamiento y las regulaciones que afectan a Carabineros, especialmente en un contexto donde la violencia y el crimen organizado parecen estar en aumento. La falta de recursos adecuados podría comprometer la seguridad tanto de los funcionarios como de la ciudadanía en general.