El expresidente boliviano Jorge «Tuto» Quiroga ha intensificado la controversia en torno al caso «Narcomaderas», exigiendo al presidente chileno José Antonio Kast un perdón «de rodillas» por las acusaciones de narcotráfico que afectan a la industria maderera de Bolivia. Esta declaración fue realizada el 21 de septiembre de 2026 en La Paz, en el contexto de una investigación chilena que mantiene retenidos 45 contenedores de madera proveniente de Bolivia, supuestamente impregnada con sustancias ilícitas.
La tensión aumentó tras la contratación de dos expertos estadounidenses por parte del sector maderero boliviano, quienes cuestionaron los procedimientos utilizados en Chile para determinar la presencia de drogas en la madera. Los especialistas, James Craig Kuykendall y Scott Richard Oulton, elaboraron informes que sugieren que no se puede establecer de manera confiable la presencia de narcóticos en la carga.
Contexto del caso 'Narcomaderas'
La investigación comenzó el 8 de junio de 2026, cuando las autoridades chilenas anunciaron la incautación de 1.080 toneladas de madera en puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. Este procedimiento fue presentado como un hito en la lucha contra el narcotráfico, involucrando a diversas instituciones chilenas, incluyendo la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, encabezada por el fiscal Mario Carrera.
Desde el inicio, se hizo necesario distinguir entre el peso total de la madera y la cantidad efectiva de droga que podría contener. Aunque se mencionó que la carga podría contener más de 100 toneladas de sustancias ilícitas, las críticas de los expertos han puesto en duda la metodología utilizada para llegar a estas conclusiones.
Reacciones y consecuencias políticas
Durante su intervención, Quiroga desafió al Estado chileno a demostrar que algún exportador boliviano había enviado madera contaminada con drogas. Afirmó que la acusación ha causado un daño significativo a la imagen de Bolivia, comparándolo con las consecuencias de la pérdida del acceso al mar en la Guerra del Pacífico.
Los informes de los expertos estadounidenses han sido presentados como declaraciones juradas y se han incorporado a la investigación en Chile. Sin embargo, Quiroga advirtió que si se comprueba que las acusaciones son infundadas, las autoridades chilenas deberían enfrentar consecuencias políticas y administrativas, incluyendo la posibilidad de reparaciones económicas a las empresas afectadas.
La controversia también ha llevado a un debate sobre la viabilidad de la impregnación química de la madera, con académicos de la Universidad de Chile afirmando que es técnicamente posible, aunque no necesariamente se haya aplicado en este caso específico. La discusión se centra en la necesidad de contar con análisis más precisos y una cadena de custodia clara para validar las acusaciones.