La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, aceptó las disculpas de tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), quienes fueron formalizados por amenazas durante una actividad en Valdivia a inicios del año escolar. Como resultado, se determinó la suspensión condicional del procedimiento.
Contexto de la agresión
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes realizó una manifestación en contra de Lincolao, lo que derivó en forcejeos y gritos hacia la autoridad. La ministra denunció haber sido retenida, empujada, insultada y amenazada mientras intentaba salir del establecimiento. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad presentó una querella, argumentando que los antecedentes podrían configurar delitos más graves, incluyendo un eventual secuestro.
Declaraciones de la ministra
Durante la audiencia, Lincolao enfatizó que los incidentes no debían ser considerados solo como una controversia personal, sino que debían analizarse desde una perspectiva institucional. “En una democracia, las autoridades estamos sometidas al escrutinio público, a la crítica, al cuestionamiento y a la protesta”, afirmó. Sin embargo, subrayó que la violencia y las amenazas no deben ser normalizadas como formas de expresión política.
A pesar de su preferencia por que el proceso siguiera su curso para esclarecer los hechos, Lincolao mostró disposición a aceptar la salida alternativa, considerando las disculpas de los estudiantes y el impacto que el proceso tendría en sus vidas. “Yo fui joven y se cometen errores”, concluyó la ministra.
Condiciones de la suspensión
La Fiscalía aceptó discutir la suspensión condicional del procedimiento, que estará sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas por el tribunal. Esto significa que los estudiantes involucrados podrán evitar un juicio formal siempre que cumplan con las estipulaciones que se les impongan.
Este caso ha generado un debate sobre la forma en que se manejan las protestas y la seguridad de las autoridades en el ejercicio de sus funciones, resaltando la importancia de encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y el respeto a la integridad de quienes ocupan cargos públicos.