El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, expresó su preocupación respecto al Presupuesto 2027, señalando que la actual Ley de Presupuestos podría impactar la autonomía del Ministerio Público. En una reciente entrevista en Mesa Central, Orellana, junto al fiscal nacional Ángel Valencia, advirtió sobre las implicancias de esta situación.

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Orellana explicó que la propuesta del Ministerio de Hacienda introduce mecanismos que restringen la capacidad del Fiscal Nacional para decidir sobre la disposición de los fondos públicos. «Esto no tiene que ver con la rendición de cuentas», aclaró, enfatizando que se trata de una innovación sin precedentes que podría comprometer la autonomía constitucional del Ministerio Público.

Consecuencias del Presupuesto en la Fiscalía Supraterritorial

El fiscal detalló que el presupuesto asignado a la Fiscalía Supraterritorial es de $5.200 millones, lo que representa $3.300 millones menos de lo que se había proyectado originalmente para el año 2027. Esta reducción implica un retraso en la contratación de personal, lo que Orellana describió como «un gran paréntesis» que podría afectar gravemente el funcionamiento de la fiscalía.

  • El presupuesto original permitía la contratación de personal en enero de 2027.
  • La contrapropuesta del Ministerio Público planteaba iniciar las contrataciones en abril y julio.
  • La actual propuesta pospone las contrataciones a julio y diciembre, afectando el ingreso del 70% del personal necesario.

Orellana subrayó que esta situación podría llevar a que las decisiones investigativas se tomen con más consideración hacia la respuesta de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que por razones técnicas, lo que consideró inaceptable.

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Investigación sobre el exfiscal Vinko Fodich

En otro tema, Orellana se refirió a la investigación en curso contra el exfiscal Vinko Fodich, calificándola como un caso grave que revela fragilidades en el sistema. Mencionó que la investigación involucra secuestros extorsivos y la mezcla de instituciones, lo que pone de manifiesto la permeabilidad del Ministerio Público.

El fiscal concluyó que la situación es alarmante, ya que se relaciona con un móvil financiero que involucra a exfuncionarios públicos y cuerpos policiales, lo que representa un desafío significativo para la integridad del sistema judicial.