Una investigación por fraude al fisco se encuentra en curso por parte del Ministerio Público en relación a la habilitación de la nueva sede del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Esta indagación se originó tras una auditoría realizada por la actual administración, que detectó irregularidades en cuatro ministerios, incluido el de la Mujer, bajo la dirección de la exministra Antonia Orellana.
La denuncia se centra en el traslado de las oficinas del ministerio desde calle Catedral a Agustinas, una decisión que buscaba ahorrar cerca de $700 millones anuales en arriendo. Sin embargo, la habilitación de la nueva sede ha superado con creces el presupuesto establecido. Inicialmente, se proyectaron cerca de $1.100 millones para el traslado y habilitación, además de $351 millones por el término anticipado del contrato de arriendo en Catedral. Según la información proporcionada a la Fiscalía Centro Norte, el costo total del proyecto ha alcanzado $2.831.336.713 en un periodo de tres años.
Irregularidades detectadas en la nueva sede
La auditoría también reveló deficiencias en la nueva sede, que hasta 2012 albergó al diario La Nación. Entre las irregularidades encontradas se incluyen:
- Instalaciones eléctricas que no cumplen con la normativa vigente.
- Solo seis baños disponibles para una dotación de 110 personas.
- Filtraciones de agua en el edificio.
- Presencia de roedores.
- Vías de evacuación que no cumplen con los estándares exigidos por Senapred.
Se estima que las reparaciones necesarias para subsanar estas deficiencias tendrán un costo adicional de $494 millones.
Concentración de contratos y posibles conflictos de interés
Otro aspecto preocupante de la investigación es que el 80% del gasto en la habilitación se concentró en un único proveedor, el contratista Alberto Olave Hernández. Además, se ha señalado que tanto la evaluación de las licitaciones como la inspección de la obra y la administración del contrato fueron gestionadas por una misma persona, el arquitecto Mario Quiroga, lo que podría indicar un posible conflicto de interés.
La investigación sigue su curso mientras el Ministerio de la Mujer, ahora bajo la dirección de Judith Marín, colabora con el Ministerio Público para esclarecer las irregularidades detectadas.