El Gobierno de Chile ha decidido respaldar con carácter urgente una moción que permite nombrar a 57 notarios y conservadores bajo las reglas anteriores a la reciente reforma al sistema notarial. Esta medida se toma en un contexto donde el nuevo mecanismo de selección comenzó a regir apenas hace dos meses, lo que ha generado una reacción crítica en diversos sectores políticos y judiciales.
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Controversia sobre la reforma al sistema notarial
La propuesta busca resolver concursos que habían sido iniciados antes del 2 de abril, fecha en que comenzó a implementarse la reforma. Dicha reforma tiene como objetivo retirar a las Cortes de Apelaciones del proceso de selección, promoviendo así una mayor transparencia y reduciendo la discrecionalidad. Sin embargo, el apoyo del Ejecutivo a esta moción ha sido visto como un intento de salir de forma conveniente para algunos actores políticos dentro del marco institucional.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, en conjunto con el senador Pedro Araya, ha defendido la moción argumentando que se trata de una solución necesaria para evitar que se generen retrasos en los procesos que ya estaban en marcha. Según sus declaraciones, esto permitirá clarificar cómo tramitar los concursos preexistentes desde el nuevo marco normativo.
Reacciones institucionales y desafíos legales
Sin embargo, la reacción de la Corte Suprema fue cautelosa. Este órgano judicial ha manifestado preocupaciones sobre el hecho de que los postulantes a estos cargos no tienen derechos adquiridos, advirtiendo que el mantener las reglas antiguas podría "burlar" los propósitos esenciales de la reforma. Este escenario plantea una tensión interesante entre el respeto por procedimientos previos y la necesidad de avanzar hacia un sistema más moderno y transparente.
Las críticas se centran, entre otros puntos, en la percepción de que esta decisión podría abrir un flanco político adicional, debilitando la credibilidad del actual Gobierno en su compromiso con la reforma judicial, que ha sido uno de los pilares de su agenda. Este tipo de acciones pueden tener dimensiones políticas no solo a nivel nacional, sino también en la percepción pública sobre la efectividad del cambio propuesto.
Los próximos pasos del proceso dependerán de cómo se gestione el nombramiento de los notarios y la voluntad de las partes involucradas de adherir a las nuevas normativas sin sucumbir a la tentación de seguir con viejas prácticas. La incertidumbre generada por esta situación podría afectar no solo a los postulantes, sino también a la estructura misma del sistema de justicia en Chile.
El desafío futuro estará en resolver esta situación de tal manera que no se vean comprometidos los principios de justicia y transparencia que se buscaban establecer con la reforma. La expectativa es que el Parlamento logre encontrar un equilibrio que respete tanto el deseo de avanzar hacia un sistema más justo como la necesidad de reconocer los procesos que ya estaban en marcha antes de los cambios normativos.
