Luis Hermosilla, abogado y ex asesor del Ministerio del Interior, prestó declaración ante la fiscal Claudia Perivancich de la Fiscalía Regional de Valparaíso, en el marco de una investigación por posibles delitos de corrupción relacionados con nombramientos judiciales. En su testimonio, Hermosilla reveló que recibió un pago mensual de un millón de pesos por su asesoría durante la administración de Sebastián Piñera, además de señalar la existencia de pagos en efectivo por parte del ex presidente.
Detalles de la declaración de Hermosilla
Hermosilla indicó que su pago como asesor se realizaba a través de boletas de honorarios, que luego eran transferidas a su cuenta corriente. Sin embargo, también mencionó que, por instrucciones de Piñera, él y otros abogados recibían pagos en efectivo, que se extendieron desde finales de 2020 hasta mediados de 2022, incluso después de que Piñera dejara la presidencia.
Los pagos en efectivo, que ascendían a 100 UF mensuales (aproximadamente $4,1 millones), eran entregados por Samuel Donoso, otro abogado involucrado, quien luego le entregaba su parte a Hermosilla. Este sistema de pago no se realizaba a través de transferencias bancarias.
Influencia de Gabriel Zaliasnik en los nombramientos judiciales
En su declaración, Hermosilla destacó el papel de Gabriel Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel, quien tenía acceso a ministros de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Según Hermosilla, Zaliasnik, Donoso y él discutían sobre candidatos idóneos para ciertos cargos judiciales, centrándose principalmente en las ternas de Santiago.
Hermosilla explicó que las solicitudes de opinión sobre los nombramientos provenían mayormente del gobierno. Junto a Donoso, era consultado sobre las ternas enviadas por Andrés Sotomayor, lo que indica una relación directa entre el poder ejecutivo y el sistema judicial en términos de nombramientos.
Además, Hermosilla mencionó que había un interés político en seleccionar jueces que se alinearan con la administración, lo que generaba un conflicto de intereses para los abogados litigantes que buscaban candidatos cercanos a ellos para facilitar sus causas.
La declaración de Hermosilla se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones sobre corrupción en el sistema judicial chileno, donde se busca esclarecer la influencia política en los nombramientos de jueces y la transparencia en los procesos de selección.