La reciente controversia por la reducción de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores ha abierto un nuevo frente político en Chile. El oficialismo, liderado por el Gobierno, defiende que estas decisiones se basaron en criterios establecidos por la Corte Suprema, mientras que la oposición, particularmente el Partido Republicano, ha comenzado a plantear acusaciones constitucionales contra ministros del máximo tribunal y el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

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Reacciones del oficialismo y la oposición

El presidente José Antonio Kast reconoció un error del Estado en el manejo de este tema, aunque decidió mantener a Rabat en su cargo. En este contexto, el diputado republicano Leandro Kunstmann ha cuestionado que la ofensiva se centre solo en el ministro de Justicia, sugiriendo que también se debe investigar la actuación de los magistrados que otorgaron las reducciones de pena.

La diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario, también se ha manifestado en contra de la Corte Suprema, argumentando que los jueces “abrieron la puerta a la rebaja de las condenas para violadores y abusadores de niños”. En este sentido, la bancada libertaria está considerando acusaciones constitucionales contra los magistrados que tomaron estas decisiones.

Acciones del Gobierno y propuestas de reforma

En respuesta a la controversia, el Gobierno ha suspendido la tramitación de nuevos decretos de reducción de condenas y ha anunciado reformas legales que buscan impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores accedan a estos beneficios en el futuro. Esto se produce en un contexto donde las interpretaciones jurídicas sobre la legalidad de las rebajas de penas están divididas, con el oficialismo defendiendo su posición y la oposición cuestionando las decisiones administrativas que llevaron a estas reducciones.

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La situación actual refleja un intenso debate sobre la justicia y la protección de las víctimas, donde se cruzan las responsabilidades del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.

Para más información sobre la defensa del ministro Rabat ante la posible acusación constitucional, puedes consultar nuestra nota anterior.