El subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió a la controversia generada por las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, explicando que su firma en los decretos cuestionados se debió a que actuó como subrogante del ministro Fernando Rabat. Silva aseguró que aplicó un criterio jurídico establecido por el ministro en el ejercicio de sus funciones.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, Silva reconoció la indignación que han causado los casos recientes, afirmando que tanto él como Rabat no buscaban favorecer la liberación anticipada de los condenados. Sin embargo, destacó que las decisiones de rebaja no son personales, sino que están sujetas a un procedimiento legal que involucra a Gendarmería y otras entidades.
Contexto de las rebajas de condena
Silva explicó que, al asumir su cargo, el Ministerio de Justicia rechazó varias solicitudes de rebaja de condena, pero luego recibió sentencias de la Corte Suprema que obligaron a modificar esas decisiones. Según el subsecretario, el máximo tribunal determinó que el Ministerio estaba privando ilegalmente de libertad a personas que cumplían con los requisitos para acceder a los beneficios.
El subsecretario también hizo hincapié en que, a pesar de las razones jurídicas invocadas, los procedimientos dejaron desprotegidas a las víctimas de estos delitos. Silva admitió que el Estado falló en garantizar que las víctimas fueran informadas y escuchadas durante el proceso.
Medidas adoptadas y futuro
En respuesta a la crisis, Silva anunció que el Ministerio ha suspendido la tramitación de todas las solicitudes de rebaja de condena recibidas hasta el momento. Además, se está evaluando la posibilidad de revertir los efectos de los beneficios ya concedidos y se impulsa una reforma legal en el Congreso para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
“Cuando el Estado falla no basta con explicar, hay que hacerse cargo, corregir y lo más importante: poner a las víctimas en primer lugar”, concluyó Silva.