El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto a una delegación de fiscales regionales, se reunirá este viernes a las 8:30 horas en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para discutir las disposiciones del proyecto de Presupuesto 2027. La Fiscalía Nacional ha manifestado su preocupación por ciertas normas que, según ellos, podrían restringir su autonomía en la administración de recursos.
Contexto de la reunión
La cita se produce un día después de que se revelara un almuerzo reservado entre Valencia, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, donde se abordaron preocupaciones similares sobre las reglas presupuestarias que podrían afectar la independencia de las instituciones.
Preocupaciones específicas de la Fiscalía
Entre los puntos a discutir se encuentra la creación de un programa presupuestario separado para la Fiscalía Supraterritorial, lo que podría complicar la movilidad de recursos entre distintas unidades del Ministerio Público. Además, se plantean exigencias adicionales para los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que incluyen reportes periódicos sobre actividades y ejecución presupuestaria, lo que podría limitar la capacidad de gestión de estos equipos.
- La Fiscalía sostiene que su autonomía no solo se refiere a la investigación de delitos, sino también a la administración de los recursos necesarios para cumplir con sus funciones.
- Se advierte que límites rígidos en gastos de funcionamiento, como horas extraordinarias y viáticos, pueden afectar su capacidad de reacción ante situaciones imprevistas.
Próximos pasos
La reunión con el ministro Alvarado abre una oportunidad para que la Fiscalía plantee sus objeciones y busque un diálogo constructivo sobre las normas que considera podrían impactar su gestión. La discusión se desarrolla en un contexto donde el proyecto de Presupuesto 2027 sigue su tramitación en el Congreso, y la Fiscalía busca mantener un equilibrio entre la rendición de cuentas y su capacidad de tomar decisiones oportunas para la persecución penal.