Chile se encuentra en una situación preocupante en cuanto a la confianza en sus instituciones públicas, según un análisis de Pivotes basado en la Encuesta sobre Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas de la OCDE. Este estudio indica que solo el 20% de los chilenos manifiesta confianza alta o moderadamente alta en los funcionarios públicos, una cifra que se sitúa muy por debajo del promedio de 45% de los países miembros de la OCDE.
La situación es aún más crítica en el Congreso Nacional, donde apenas un 16% de los encuestados expresa confianza en esta institución. Esta cifra coloca a Chile entre los países con menor confianza en sus parlamentos dentro del bloque.
Desconfianza en el Gobierno Central y partidos políticos
El análisis también revela un deterioro en la confianza hacia el Gobierno Central, que ha disminuido del 30,4% en 2023 a 25,7% en 2025. En contraste, el promedio de confianza en la OCDE se mantiene en torno al 40%.
Los partidos políticos son aún menos valorados, con solo un 11% de confianza, lo que refleja una tendencia de desconfianza que se ha mantenido en los últimos años. En 2023, la confianza en el Congreso era del 19% y en los partidos políticos del 14%.
Confianza en instituciones de seguridad y justicia
A pesar de la desconfianza generalizada, las instituciones vinculadas a la seguridad, como las Fuerzas Armadas y las policías, obtienen mejores resultados, alcanzando un 55% y 49% de confianza, respectivamente. Sin embargo, estas cifras también están por debajo de los promedios de la OCDE.
En el ámbito del sistema judicial, solo un 24% de los chilenos confía en los tribunales, en comparación con el 54% del promedio de la OCDE, lo que representa una brecha de aproximadamente 30 puntos porcentuales.
Satisfacción con servicios públicos
La desconfianza institucional también se relaciona con la experiencia de los ciudadanos al realizar trámites y utilizar servicios públicos. La satisfacción con los trámites administrativos ha caído del 51% en 2023 al 48% en 2025, mientras que el promedio de la OCDE es del 68%.
En el ámbito educativo, la satisfacción se sitúa en un 43%, en comparación con el 60% del promedio OCDE. En el sector salud, la satisfacción es aún menor, alcanzando solo un 34%, frente al 54% registrado en la OCDE. Además, solo el 36% de los ciudadanos considera que sus solicitudes ante el Estado reciben un trato equitativo, en contraste con el 53% del promedio de la OCDE.