El ministro de Justicia, Fernando Rabat, participó en el programa Mesa Central, donde abordó los recientes acuerdos alcanzados por el Gobierno en el Congreso, especialmente en relación con la tramitación de iniciativas clave para la agenda de seguridad. Rabat valoró el clima de negociación en el Parlamento y destacó que la consecución de consensos se debe tanto al trabajo de sus equipos técnicos como a la voluntad política de los actores involucrados.
Acuerdos transversales en el Congreso
El ministro mencionó que «hay excelentes relaciones para llegar a estos acuerdos. Porque se necesitan dos para el tango». Como ejemplo de estos avances, destacó la aprobación unánime de una ley que amplía el periodo de flagrancia a 24 horas, permitiendo a las policías requerir material tecnológico, como cámaras de seguridad, sin autorización previa. Además, resaltó el progreso en las reformas al Código Civil en materia de responsabilidad parental, que fue despachado con 12 votos a favor y ninguno en contra en la comisión correspondiente.
Flexibilidad normativa y enfoque en seguridad
Rabat enfatizó la importancia de la flexibilidad normativa en el proceso legislativo, afirmando que «para gobernar, en general, no debemos enamorarnos de nuestros proyectos de ley, sino que debemos ser capaces de adecuar esos proyectos». El objetivo de la cartera es establecer un diagnóstico riguroso y buscar soluciones efectivas, considerando los detalles secundarios como parte del proceso de negociación política.
Indultos y solicitudes
En relación a los indultos, el ministro informó que existen más de 100 solicitudes, la mayoría relacionadas con hechos ocurridos en 1973, mientras que los casos vinculados al estallido social son una fracción menor. Rabat descartó que el Ejecutivo esté promoviendo iniciativas de amnistía o indultos generales, afirmando que el enfoque está centrado en la agenda de seguridad y la lucha contra la delincuencia.
El ministro también detalló que se han establecido criterios claros para el procedimiento de cada solicitud, en coordinación con la Presidencia. Aseguró que cada caso será evaluado de manera individual, y que las resoluciones serán fundamentadas y ajustadas a derecho, evitando decisiones arbitrarias.