La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha hecho un llamado urgente para modificar los reglamentos del Registro Nacional de Contratistas y de Contratos de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), argumentando que las normativas actuales presentan riesgos significativos para la libre competencia en el sector de la construcción. Este pronunciamiento se realiza en el contexto de un expediente normativo impulsado por diversas empresas constructoras, que señalaron ciertas ineficiencias en el sistema.
En su informe técnico, la FNE destaca tres áreas críticas que requieren atención: la prohibición de inscripción simultánea de empresas relacionadas, el régimen de subcontratación en los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu), y los mecanismos para resolver conflictos contractuales.
Prohibiciones que restringen la competencia
Respecto a la calificación simultánea de empresas, la FNE sostiene que la actual prohibición que impide que firmas del mismo grupo se inscriban en un mismo registro reduce la participación de nuevos competidores. Si bien la eliminación de esta barrera podría beneficiar la pluralidad de oferentes, debe llevarse a cabo con condiciones que aseguren la equidad y prevengan la colusión. En este sentido, se sugiere alinear las normas del Minvu con las restricciones de la Ley de Compras Públicas y establecer mecanismos que eviten la estrategia de coordinación y pactos colusorios.
Desafíos en la subcontratación
La FNE también mostró preocupación por la subcontratación de obras públicas y apuntó a que la falta de normas claras ha llevado a una aplicación heterogénea por parte de los distintos Serviu en el país. Esta situación ha provocado notables disparidades en los criterios permitidos para la subcontratación, lo que afecta la eficiencia en la ejecución de proyectos de vivienda. Ante esto, la FNE recomendó establecer una definición clara de subcontratación y un límite porcentual de trabajo que sea vinculante a nivel nacional. Además, se planteó prohibir la subcontratación horizontal entre constructoras del mismo registro.
Alcance del hecho para fiscalía nacional económica
Otro punto crítico en la propuesta de la FNE es la falta de mecanismos para resolver conflictos durante la ejecución de contratos de obras públicas. Esta ausencia ha resultado en retrasos y costos adicionales, lo que desincentiva la participación de nuevas empresas en futuras licitaciones. La Fiscalía ha instado a que se implementen procedimientos de resolución de conflictos que sean claros y accesibles, asegurando que las decisiones sean vinculantes para todas las partes involucradas.
A medida que avanza el año 2026, será crucial observar cómo estas recomendaciones son atendidas y qué modificaciones se llevarán a cabo en el Minvu para mejorar la transparencia y la competitividad en el sector de la construcción en Chile.
